El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, oficializaron mediante una columna en el Financial Times el envío al Congreso de un ambicioso proyecto de ley orientado a la inteligencia artificial, enmarcado en una reforma integral que busca permitir la creación de sociedades comerciales gestionadas íntegramente por algoritmos, sin intervención humana directa.
La hoja de ruta hacia una economía automatizada
La presentación de este proyecto no es una iniciativa aislada, sino que constituye una pieza fundamental dentro de la estrategia de "liberación económica" que el Ejecutivo ha trazado para el segundo semestre del año. La publicación en el periódico británico, una señal dirigida principalmente a inversores internacionales, subraya la intención de transformar a la Argentina en un polo de desarrollo tecnológico mediante la flexibilización de los marcos regulatorios actuales.
El corazón de la propuesta radica en la modificación de la Ley General de Sociedades, buscando eliminar las restricciones que exigen que la administración y representación legal de una firma recaigan exclusivamente sobre personas físicas. Bajo este nuevo paradigma, el Gobierno propone que las decisiones operativas, financieras y de gestión puedan ser delegadas en sistemas de inteligencia artificial, siempre que estos cuenten con una trazabilidad técnica que asegure el cumplimiento de las normativas vigentes.
La medida es, en esencia, un intento por reducir los costos de transacción y aumentar la eficiencia operativa mediante la automatización. Según el documento presentado por Milei y Sturzenegger, el objetivo es permitir que empresas tecnológicas globales puedan establecer unidades de negocio en el país con estructuras de gobernanza que respondan a la velocidad del mercado digital actual, dejando atrás burocracias que consideran obsoletas para la era de la computación avanzada.
Desregulación y el rol de la tecnología en el derecho societario
Para comprender el alcance de esta iniciativa, es necesario analizar el choque entre la legislación comercial tradicional y la velocidad del avance tecnológico. El derecho societario clásico, vigente en la mayor parte del mundo occidental, está diseñado bajo la premisa de la responsabilidad humana. El traslado de esa potestad decisoria a un código de software plantea desafíos jurídicos significativos en materia de responsabilidad civil, penal y fiscal.
El equipo de Sturzenegger sostiene que la rigidez de la normativa argentina ha sido históricamente una barrera para la innovación. Al habilitar que algoritmos gestionen sociedades, el Gobierno busca equiparar el marco jurídico local con las demandas de los unicornios tecnológicos y de empresas emergentes que operan bajo estructuras descentralizadas. Sin embargo, esto requiere una reforma profunda sobre la figura del "administrador", un concepto central en el Código Civil y Comercial.
En la columna firmada en el diario económico, los funcionarios enfatizaron la necesidad de superar lo que denominan "el peso del Estado". La propuesta incluye un marco de garantías que obligaría a las empresas a someter sus algoritmos de gestión a auditorías técnicas, asegurando que la automatización no derive en un vacío legal donde los perjuicios a terceros o al fisco queden sin responsables identificables.
El impacto en el mercado laboral y la estructura productiva
La posibilidad de contar con empresas gestionadas por inteligencias artificiales genera, de manera inevitable, un debate sobre la automatización del mercado laboral. Si bien el Gobierno argumenta que esta ley atraerá capitales intensivos en tecnología, diversos economistas advierten sobre el impacto que la sustitución de mandos medios y gerenciales por software puede tener en el empleo calificado.
"La automatización de la gobernanza corporativa no implica necesariamente la eliminación de fuentes de trabajo humano, sino una reconfiguración de las competencias necesarias para operar en un mercado global hiperconectado", señalan desde el Ministerio de Desregulación. A pesar de este discurso, la preocupación por la deshumanización de las decisiones corporativas persiste en sectores académicos que ven en la iniciativa una avanzada demasiado acelerada.
Otro punto de fricción es la capacidad del Estado para supervisar empresas que toman decisiones a velocidades superiores a la capacidad de respuesta humana. La Ley de IA que se debate promete instaurar un marco ético, pero los detalles sobre cómo se aplicarán las sanciones ante fallos sistémicos o decisiones sesgadas de los algoritmos aún no fueron del todo esclarecidos.
Contexto global y la competencia por el talento tech
Argentina busca posicionarse en la carrera por la adopción de nuevas tecnologías, compitiendo no solo por atraer a desarrolladores, sino por atraer a las casas matrices que definen las políticas de inversión en América Latina. La firma del presidente junto a su ministro de Desregulación busca disipar las dudas sobre la seguridad jurídica del país, un tema que suele ser el principal escollo para las grandes corporaciones al momento de expandirse.
La estrategia está alineada, además, con el reciente desembarco de firmas vinculadas a la inteligencia artificial de gran escala, como OpenAI y diversos desarrolladores de infraestructura de servidores que han comenzado a explorar al país por sus costos energéticos y su capital humano técnico. El Ejecutivo entiende que, si logra combinar esta reforma societaria con un entorno de baja presión regulatoria, Argentina podría convertirse en una sede atractiva para empresas que hoy enfrentan normativas mucho más restrictivas en la Unión Europea o incluso en partes de Estados Unidos.
El proyecto de ley ingresará en los próximos días al Congreso, donde se espera un intenso debate sobre los alcances de esta delegación de poder. La oposición ha comenzado a cuestionar si la celeridad con la que se propone esta transformación societaria es compatible con la protección de los derechos de los accionistas minoritarios y de los empleados. La batalla parlamentaria, por tanto, será tanto técnica como ideológica, marcando un precedente sobre cómo la política argentina aborda la transición hacia una economía de algoritmos.
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