La firma argentina acumuló una nueva presentación penal ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por el supuesto desvío de fondos destinados a proyectos constructivos en la costa del Pacífico.
La investigación judicial por presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios ubicados en Costa Rica sumó un nuevo y complejo capítulo en los tribunales argentinos.
La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, con la intervención directa de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 de la Ciudad de Buenos Aires.
Un entramado societario para desarrollos en el exterior
La causa penal detalla que el dinero captado a través de Ara Homes SRL debía ser canalizado hacia firmas constituidas en territorio costarricense. De acuerdo con las presentaciones judiciales, el esquema operativo de los desarrolladores vinculaba de forma directa a esta empresa con los proyectos impulsados por las firmas locales Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A., ambas enfocadas en la preventa de unidades habitacionales premium en el polo turístico caribeño y centroamericano.
Los denunciantes sostienen que los acusados habrían montado una estructura financiera que prometía altos retornos de inversión basados en el auge del real estate en la provincia de Guanacaste. Sin embargo, las auditorías preliminares solicitadas por los damnificados arrojaron inconsistencias severas en el flujo de caja, demoras injustificadas en los inicios de obra y una falta de correspondencia entre los fondos girados al exterior y los avances reales de los loteos y las construcciones en Tamarindo.
"Se investiga si los fondos que los particulares invertían en Buenos Aires bajo la promesa de adquirir propiedades terminaban ingresando efectivamente al circuito financiero del proyecto o si eran desviados para beneficio personal de los administradores o el financiamiento de otras estructuras", confiaron fuentes con acceso directo al expediente. El delito de administración fraudulenta contempla penas de hasta seis años de prisión en el Código Penal argentino cuando se comprueba el perjuicio a los bienes confiados.
El impacto sobre los inversores y los antecedentes del caso
Esta nueva denuncia penal no representa un hecho aislado, sino que se acopla a un tendal de reclamos cruzados y sospechas previas que ya rodeaban a los fideicomisos y contratos de preventa administrados por el grupo empresarial. La acumulación de causas en el Juzgado N°1 obligó a los investigadores a disponer un entrecruzamiento de datos bancarios para determinar la ruta del dinero desde las cuentas de Ara Homes SRL en Argentina hacia las cuentas espejo en el extranjero.
El perjuicio económico global aún no fue delimitado por el juzgado, pero los escritos judiciales presentados por los abogados de las víctimas refieren sumas en dólares de extrema relevancia, correspondientes a adelantos de obras, cuotas de fideicomisos al costo y contratos de adhesión que no se cumplieron en los plazos previstos. Muchos de los afectados ingresaron al negocio atraídos por el perfil internacional de los proyectos y las campañas de posicionamiento que exhibían a Tamarindo como uno de los destinos con mayor plusvalía de la región.
La Justicia argentina ya comenzó a emitir las primeras órdenes de presentación de documentación comercial a las oficinas de los imputados y notificó a la Inspección General de Justicia (IGJ) para obtener el historial completo de la composición de Ara Homes SRL. En las próximas semanas, la fiscalía evaluará el llamado a declaración indagatoria de Rossetto, Aloi y Zlatkis, mientras se coordinan pedidos de informes internacionales para verificar el estado de los activos y las propiedades en Costa Rica.
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