Tapia, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, y Alejandro Domínguez (Conmebol), durante la final de la Champions League
A doce días del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, la Justicia norteamericana puso bajo la lupa los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrando su investigación en las operaciones que involucran a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
La maquinaria judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado pesquisas formales sobre la gestión financiera de la AFA, con especial énfasis en el flujo de cientos de millones de dólares hacia el exterior. Según pudo reconstruirse, al menos tres fiscales federales —dos basados en Washington DC y uno en Florida— coordinan esfuerzos para auditar los movimientos de fondos de la entidad que preside Tapia, detectando posibles delitos bajo su jurisdicción.
Un entramado bajo la lupa: TourProdEnter LLC
El eje central de la investigación recae sobre TourProdEnter LLC, la gerenciadora vinculada al productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Documentación analizada por especialistas indica que esta empresa operó como el principal agente recaudador de fondos de la AFA en el extranjero durante la gestión de Tapia y Toviggino, captando ingresos de patrocinadores globales.
Los fiscales a cargo, Patrick Gushue y Christopher Ting en Washington, junto a Michael Berger en Florida, indagan la legitimidad de los giros bancarios ejecutados por la firma. Los registros financieros relevados exponen un escenario complejo: de los aproximadamente 260 millones de dólares gestionados a través de bancos como JP Morgan, Citibank y Bank of America, una parte significativa carece de justificación comercial clara.
"Se han detectado movimientos de dinero hacia sociedades sin contraprestación comercial aparente, controladas por personas en condiciones de vulnerabilidad económica", señala la investigación preliminar, que además vincula fondos a sociedades ligadas directamente a Toviggino y a su entorno familiar.
Del arbitraje a la Justicia criminal: la génesis del caso
El interés del Departamento de Justicia no es casual. Si bien años atrás, tras alertas del Ministerio de Seguridad argentino, se desestimaron denuncias iniciales por falta de aristas criminales, el panorama cambió drásticamente con la exposición pública de un complejo engranaje de ingeniería financiera.
El rol de TourProdEnter LLC fue clave en el ecosistema financiero de la AFA: la empresa, con contrato vigente hasta finales de 2026, percibió un porcentaje cercano al 30% de todos los ingresos de la entidad en el exterior. Este esquema, según sospechan los investigadores, pudo haber servido como un "embudo" para el movimiento de activos durante periodos de fuertes restricciones cambiarias en la Argentina, aprovechando las brechas existentes entre las distintas cotizaciones del dólar.
La relevancia de los fiscales intervinientes añade peso a la causa: Berger, por ejemplo, cuenta en su haber con antecedentes destacados en la persecución de casos de lavado de dinero de funcionarios extranjeros, incluyendo la condena de diez años de prisión dictada contra el ex contralor general de Ecuador.
Consecuencias y precedentes de alto perfil
La sombra del "FIFAgate" —que en 2015 desbarató una red de sobornos y lavado en la cúpula del fútbol mundial— vuelve a sobrevolar la administración de la AFA. En aquel entonces, la colaboración de exdirigentes con la justicia estadounidense fue determinante para desmantelar estructuras de corrupción.
Hoy, la situación de Tapia y Toviggino se encuentra en una etapa de recolección de pruebas que podría derivar en requerimientos formales de documentación bancaria, entrevistas con testigos clave y una profundización de las pesquisas sobre las empresas "pantalla" vinculadas a los fondos de la Selección.
A falta de días para que ruede la pelota en estadios estadounidenses, el impacto de esta investigación trasciende lo deportivo. La posibilidad de que la justicia criminal avance sobre la estructura financiera de la AFA pone en jaque la estabilidad institucional de la entidad y marca un hito en la fiscalización de los movimientos de divisas argentinas en el exterior, bajo la atenta mirada de un Departamento de Justicia que ya demostró, en reiteradas oportunidades, no tener reparos en intervenir cuando los activos en su territorio se encuentran bajo sospecha.
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