Organismos de derechos humanos y dirigentes políticos reclamaron gestiones diplomáticas urgentes ante la falta de información sobre diez integrantes de un convoy humanitario a Gaza, entre ellos dos argentinos, incomunicados en el este libio.
Crece la tensión diplomática por argentinos incomunicados
El reclamo por la aparición y la seguridad de los diez activistas de la misión humanitaria internacional del Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb escaló en los canales políticos y diplomáticos locales. Familiares, legisladores nacionales y referentes del ámbito social exigieron formalmente a la Cancillería argentina que active los protocolos de protección consular de manera prioritaria.
La comitiva civil, que transporta asistencia médica, ambulancias e insumos logísticos con destino final a la Franja de Gaza, fue interceptada y puesta bajo custodia el pasado domingo 24 de mayo en las proximidades de la ciudad de Sirte. Esta región costera funciona en la práctica como la línea divisoria que fragmenta el territorio de Libia entre las administraciones del oeste y las facciones del este.
Entre los integrantes de la comitiva que permanecen incomunicados se encuentran dos ciudadanos argentinos con un rol activo en el plano de la investigación social. Se trata de Paula Giménez, psicóloga de profesión, y Lucas Aguilera, médico veterinario. Ambos se desempeñan además como directores de investigación del medio especializado NODAL y formaban parte del equipo sanitario civil adjunto a la caravana humanitaria.
Un reclamo formal ante la falta de canales oficiales
La inquietud principal del entorno de los activistas radica en el silencio absoluto y el corte de comunicaciones tras el paso por el puesto de control militar denominado 5+5. Durante las últimas jornadas, la falta de reportes directos sobre las condiciones de detención encendió las alarmas de agrupaciones humanitarias, que comenzaron a presionar en bloque por una respuesta estatal coordinada.
Organizaciones de derechos humanos locales y parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur elevaron solicitudes formales ante la cartera diplomática nacional. En paralelo, un grupo de diputados nacionales impulsó un proyecto de resolución en la Cámara Baja con el fin de instar al Poder Ejecutivo a coordinar acciones inmediatas que permitan comprobar el estado general de los detenidos.
El escenario se complejiza debido a la fisonomía geopolítica del lugar de los hechos. Al no existir una vía diplomática directa y plenamente operativa de la Argentina en la franja oriental de Libia, las entidades civiles articulan gestiones permanentes ante la Embajada de Italia, país europeo que conserva un canal activo de representación en ese sector del territorio africano.
El argumento de las fuerzas locales en Sirte
Desde la perspectiva de las autoridades que ejercen el control territorial efectivo en la zona, el operativo se fundamentó en cuestiones estrictamente administrativas. El Ministerio de Exteriores adscripto al Gobierno de Libia del Este —administrado de facto por las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar— emitió un comunicado oficial donde detalló su posición sobre el estatus de los civiles extranjeros.
De acuerdo con el documento emitido por la administración de Bengasi, los diez activistas internacionales ingresaron a su jurisdicción terrestre "sin completar los procedimientos legales" y careciendo de "las autorizaciones necesarias" requeridas para avanzar por los caminos que conectan hacia el territorio de Egipto.
El Ejecutivo del este libio argumentó formalmente que el caso está bajo evaluación de sus organismos de control, asegurando que los retenidos "reciben la atención médica y humanitaria necesaria" en el marco de las regulaciones locales, hasta tanto se defina la validez de sus acreditaciones. No obstante, las organizaciones civiles denunciaron que este descargo no fue acompañado por pruebas verificables.
El bloqueo regional y la ruta del convoy
El incidente en las cercanías de Sirte representa el último eslabón de una serie de complicaciones geográficas e institucionales que afectaron al grupo. La Caravana Global Sumud Land, integrada originalmente por más de 200 personas, 20 colectivos, 10 ambulancias y unos 50 camiones con provisiones de urgencia, inició su recorrido a mediados de mayo desde Argelia, cruzando de manera sucesiva las fronteras de Túnez y el área occidental libia.
Las tensiones en el trayecto se agudizaron tras las advertencias explícitas emitidas por las autoridades de Bengasi a mediados de mes. Dichas alertas se fundamentaban en la postura del gobierno de El Cairo, que había establecido restricciones severas para el ingreso por vía terrestre de activistas extranjeros hacia la frontera egipcia, permitiendo únicamente el acceso a ciudadanos de nacionalidad libia.
Ante el impedimento de circulación, la avanzada civil de diez miembros se desprendió del grueso de la columna para intentar abrir una mesa de negociación y coordinar la entrega controlada de los suministros médicos y alimentos con el apoyo de la Media Luna Roja Libia, momento en el cual se interrumpió el contacto con los coordinadores centrales.
Preocupación familiar y la demanda de pruebas de vida
A nivel doméstico, el pedido de los allegados directos sumó una fuerte carga de urgencia emocional ante el paso de las horas. Los canales informativos tradicionales no reflejaron hasta el momento una respuesta oficial concluyente por parte del Palacio San Martín, lo que incrementó el nivel de incertidumbre entre los parientes directos de los dos argentinos implicados en el hecho.
"No sabemos dónde están ni en qué condiciones físicas, no sabemos absolutamente nada", manifestó públicamente Nora Otín, madre de la psicóloga argentina Paula Giménez, remarcando la angustia generalizada ante la ausencia de una línea telefónica o reporte consular diario.
Junto con los dos profesionales argentinos, el grupo de personas bajo custodia militar directa en el este libio está compuesto por representantes civiles de diversas nacionalidades americanas y europeas, lo que convierte la situación en un foco de atención multilateral:
Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay)
Alicia Armesto Núñez (España)
Domenico Centrone (Italia)
Leonarda Alberizia (Italia)
Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal)
Lauro Kwoczala (Polonia)
Ashraf Khoja (Tú
nez) Jenelle Jones (Estados Unidos)
Las entidades firmantes del reclamo en Argentina insisten en que la prioridad de la gestión internacional debe centrarse en el envío de una comitiva de veeduría humanitaria al centro de detención temporal, para garantizar que se respeten los tratados de Ginebra referidos al tratamiento de misiones civiles de asistencia en zonas bajo control militar.
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