Marcha Federal de Salud en Rosario: reclamos por desfinanciamiento y éxodo profesional

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Trabajadores y organizaciones sanitarias se movilizaron en el centro de la ciudad para advertir sobre el impacto de los recortes presupuestarios nacionales en la atención pública y privada.

El impacto de las medidas nacionales en efectores locales

La primera Marcha Federal de Salud tuvo una fuerte repercusión en Rosario, donde médicos, enfermeros, estudiantes y pacientes se movilizaron por las calles céntricas para exponer la crisis estructural que atraviesa el sector. La convocatoria local formó parte de una jornada nacional de protesta que visibilizó el profundo malestar de la comunidad sanitaria frente a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional, las cuales, según los manifestantes, ponen en riesgo la continuidad de tratamientos básicos y la provisión de insumos esenciales.

La columna de manifestantes partió desde la Plaza 25 de Mayo y avanzó por la calle Laprida hasta el Nodo de Salud de Rosario, ubicado en Rioja al 825. Posteriormente, la marcha continuó por Maipú y Santa Fe, culminando con una concentración frente a la sede del Pami I, sobre la calle Sarmiento. De la movilización participaron activamente el Sindicato de Profesionales de la Universitaria de la Sanidad (Siprus) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), junto a representantes de colegios profesionales, facultades de ciencias médicas y organizaciones sociales.

La principal preocupación de los profesionales radica en la interrupción de programas de asistencia directa que sostienen la atención primaria en los barrios de la ciudad y la región. Los manifestantes señalaron que la combinación de la inflación, el aumento de los costos de los insumos médicos y la quita de partidas federales generó un escenario de saturación en los efectores públicos, que deben absorber la demanda de aquellos ciudadanos que perdieron la cobertura privada o que ya no pueden costear sus medicamentos de forma particular.

Radiografía del ajuste presupuestario en el área sanitaria

El eje central del reclamo se fundamenta en la caída sostenida del presupuesto destinado a la salud pública durante los últimos períodos fiscales. Desde los sectores gremiales advierten que las partidas nacionales sufrieron reducciones drásticas que impiden la planificación a mediano plazo y afectan directamente el normal funcionamiento de los hospitales y los centros de salud de la provincia.

"El gobierno nacional anunció un recorte de 63 mil millones de pesos en las partidas destinadas al sistema público, correspondientes a diferentes programas para 2026", explicaron las autoridades sindicales durante la movilización. Este recorte se suma a una tendencia de desinversión previa: durante el período anterior se ejecutó un 40% menos del presupuesto asignado, mientras que el año previo ya había registrado una baja del 12% en términos reales respecto de los fondos del período anterior.

La quita de financiamiento afecta de manera directa a planes históricos de distribución de medicamentos y prevención epidemiológica. Entre los puntos más críticos señalados por los trabajadores se encuentra el cese del Plan Remediar, que garantiza la entrega de botiquines con medicamentos esenciales a los centros de atención primaria, y las dificultades para sostener los niveles óptimos del plan nacional de inmunizaciones, cuyo objetivo histórico es mantener al 80% de la población adecuadamente vacunada.

Preocupación por el éxodo de profesionales y las condiciones laborales

Más allá de la falta de insumos y el recorte de programas, la crisis del sistema de salud se manifiesta con fuerza en el deterioro de las condiciones de trabajo de los profesionales. La falta de incentivos económicos y la depreciación de los salarios generaron una alarmante escasez de personal en especialidades clave, un fenómeno que afecta tanto al sector público como al privado y que prolonga los tiempos de espera para turnos y cirugías.

"El problema es que cada vez es más difícil conseguir profesionales formados y capacitados que quieran trabajar con los honorarios y condiciones que se ofrecen del sistema de salud", detalló Jerónimo Ainsuain, presidente de Siprus, al analizar la situación laboral del sector. Las bajas remuneraciones empujan al pluriempleo o al abandono de las residencias médicas, un eslabón fundamental para la formación del relevo generacional en los hospitales.

Según los datos relevados por los sectores gremiales, un profesional de la salud en el sistema público percibe un haber promedio de 1.5 millones de pesos. Por su parte, la situación en el sector privado muestra una marcada precarización: los profesionales perciben un promedio de 8 mil pesos por consulta médica, con el agravante de que dichos honorarios suelen liquidarse con demoras de hasta 90 días, un plazo que licúa los ingresos en el contexto económico actual.

Las consecuencias clínicas del recorte en medicamentos

La falta de acceso a tratamientos crónicos comenzó a reflejarse en los índices de internación de los efectores públicos de la región. Los profesionales advierten que la interrupción en la entrega de medicamentos preventivos y de control genera un efecto rebote, donde los pacientes ingresan a los hospitales con cuadros agravados que requieren cuidados críticos y mayor uso de recursos institucionales.

"En 2024 recortaron los medicamentos de Pami y un año después tuviste un aumento del 200% de internaciones por descompensación de diabetes", remarcó Ainsuain para graficar el impacto clínico directo de las decisiones presupuestarias. Esta situación genera un cuello de botella en las guardias y salas de internación general, donde el personal debe redoblar esfuerzos para dar respuesta a patologías que antes se controlaban de forma ambulatoria.

La comunidad médica coincidió en que el entramado sanitario de la región se sostiene actualmente por el compromiso del personal de enfermería, técnicos y médicos, pero advirtieron que el nivel de exigencia física y mental llegó a un punto límite. El reclamo generalizado apunta a recuperar la concepción de la salud como un derecho universal y no bajo una lógica mercantil, preservando la tradición sanitarista del país que históricamente protegió a los sectores más vulnerables de la población.

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