Causa Adorni: validan facturas por US$245 mil en efectivo por refacciones en su country

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El fiscal federal Gerardo Pollicita incorporó a la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la documentación aportada de forma espontánea por el contratista Matías Tabar, cuyos montos en dólares coinciden con los gastos de remodelación en una propiedad de Exaltación de la Cruz.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un elemento determinante en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita convalidó formalmente la documentación entregada de manera espontánea por el arquitecto y contratista Matías Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura.

Los papeles aportados, que constan de facturas emitidas por proveedores y recibos de pagos de mano de obra, coinciden con la suma de 245.000 dólares que el propio constructor declaró haber recibido por las reformas en la vivienda del funcionario. La propiedad en cuestión está ubicada en el lote de 400 metros cuadrados que Adorni posee en el barrio privado Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

De acuerdo con las constancias que ya forman parte del expediente judicial, el empresario ratificó ante la fiscalía que las tareas de remodelación se extendieron durante casi diez meses, puntualmente entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Los fondos habrían sido entregados de forma total y en efectivo, sin la emisión de facturas globales por el servicio prestado.

Los detalles del cronograma y la modalidad de pago en dólares cash

La reconstrucción efectuada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 detalla que las cuadrillas de operarios realizaron una renovación integral del inmueble. El detalle de las obras entregado a la Justicia especifica intervenciones estructurales como la colocación de nuevos pisos, la remodelación total de la cocina y el baño principal, el desarrollo de mobiliario a medida para el sector del quincho y la reparación de la pileta.

Tabar precisó ante el fiscal Pollicita que el pago del presupuesto se estructuró en dos etapas bien diferenciadas durante el transcurso del proyecto. Un primer desembolso de 55.000 dólares se concretó durante los últimos meses de 2024, mientras que el saldo restante, equivalente a 190.000 dólares, se canceló de manera fraccionada a lo largo del año 2025.

A este monto global se le añadió otra línea de gastos que despertó el interés de los investigadores. Mientras se ejecutaban las refacciones y la propiedad resultaba inhabitable por el movimiento de materiales, el jefe de Gabinete alquiló una vivienda alternativa de forma temporal dentro del mismo country. El contratista estimó que este arrendamiento significó un desembolso adicional en efectivo de unos 13.000 dólares.

El peritaje patrimonial y las medidas dispuestas en Comodoro Py

Para consolidar la veracidad de su testimonio, el constructor entregó su teléfono celular corporativo a las autoridades judiciales. Desde el entorno judicial informaron que el dispositivo tecnológico almacena el registro completo de los contactos y los mensajes intercambiados con techistas, plomeros, electricistas y albañiles que prestaron servicios en la vivienda. Esta base de datos permitirá al Ministerio Público Fiscal citar a los trabajadores para verificar la dinámica y los plazos de la obra.

Ante este nuevo escenario, un organismo especializado de la Justicia aceleró la revisión integral de las declaraciones juradas del portavoz gubernamental. El objetivo principal de la pericia es cruzar los ingresos declarados con la totalidad de los egresos detectados en el último período.

El expediente judicial unificado acumula registros de prueba que acreditan gastos totales por un valor estimado de 408.662 dólares y deudas por 335.000 dólares.

La mira del fiscal se enfoca en determinar si existe un bache financiero insostenible en la ecuación fiscal de Adorni. Los voceros de los tribunales de Retiro señalaron que este procedimiento técnico constituye el paso previo y excluyente para que la fiscalía defina si solicita formalmente una justificación de bienes. En caso de que las respuestas del funcionario no logren saldar las inconsistencias detectadas, el escenario judicial derivará en un llamado a declaración indagatoria.

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