El Concejo Municipal de Rosario sancionó por unanimidad una normativa que endurece los controles contra las carreras clandestinas, permitiendo el desguace de vehículos modificados y la persecución penal de los infractores.
Tras semanas de intensos debates y negociaciones parlamentarias, el Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves el nuevo protocolo antipicadas. La iniciativa, impulsada originalmente por la concejala Samanta Arias (La Libertad Avanza), logró el consenso necesario para transformarse en una política de Estado que busca erradicar definitivamente las competencias de velocidad en la vía pública, un flagelo que afecta a diversos barrios de la ciudad desde hace décadas.
La normativa no solo incrementa el valor de las multas, sino que introduce cambios estructurales en la forma en que el municipio y la Justicia intervienen ante estos hechos. A partir de ahora, quienes utilicen sus vehículos en competencias ilegales se enfrentarán a la posibilidad de una inhabilitación de por vida para conducir y al decomiso de las autopartes que no estén homologadas para el uso civil.
Nuevas tácticas de control y persecución penal
El núcleo del protocolo reside en un cambio de estrategia operativa. Hasta el momento, los operativos municipales solían limitarse a la presencia disuasoria, lo que provocaba que los infractores se dispersaran para reagruparse minutos después en otros puntos de la ciudad. El nuevo esquema establece operativos de saturación táctica, que serán dinámicos y no predecibles, basados en el mapa de calor de las denuncias recibidas a través de la línea 147.
Complementariamente, se implementará la denominada "táctica de cerrojo". Esta medida faculta a las fuerzas de seguridad y de control a bloquear las vías de escape de manera simultánea, asegurando el secuestro inmediato de las unidades involucradas y evitando las maniobras evasivas que suelen poner en riesgo a terceros durante las fugas.
Un aspecto determinante de la ordenanza es la obligatoriedad del municipio de actuar como denunciante ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Se encuadrarán estas conductas bajo el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona a quien creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor.
El desguace de vehículos y la inhabilitación definitiva
Uno de los puntos que generó mayor discusión en las comisiones fue la adecuación técnica obligatoria. Bajo esta figura, el Tribunal de Faltas no restituirá ningún vehículo secuestrado que presente modificaciones para competición —como sistemas de óxido nitroso o escapes libres— sin antes proceder a su desmantelamiento. El costo de este proceso, realizado por ingenieros mecánicos, deberá ser costeado íntegramente por el infractor.
"El Estado no puede devolverle a un infractor el vehículo con el que puso en riesgo la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, debe desmantelarse", enfatizó Arias durante la sesión. Esta medida busca inutilizar la herramienta del delito y evitar que los vehículos reincidan en las mismas condiciones técnicas.
En cuanto a las sanciones administrativas, la ordenanza estipula:
Agravamiento de multas: los montos se duplicarán ante la primera reincidencia detectada.
Inhabilitación definitiva: se aplicará de forma efectiva tras la segunda reincidencia, retirando de manera permanente el derecho a conducir en la jurisdicción.
Talleres de concientización: a instancias del bloque justicialista, se incorporó una instancia educativa obligatoria para los infractores, buscando un abordaje integral que no sea puramente punitivo.
Contexto de una problemática histórica en los barrios
La aprobación de esta norma responde a una situación crítica que se agrava durante las madrugadas en puntos específicos de Rosario. Los vecinos de zonas como Bulevar Oroño y Lamadrid, en el sur, y la avenida Carrasco, en la zona norte, han denunciado reiteradamente que estas arterias se transforman en pistas clandestinas donde el descontrol se completa con ruidos molestos y consumo de alcohol en la vía pública.
La historia de la ciudad está marcada por tragedias viales derivadas de estas prácticas. La nueva normativa busca saldar una deuda pendiente con las víctimas de siniestros viales. Durante el cierre del debate, se recordó que la utilización de las cámaras de videovigilancia será fundamental para aportar pruebas sólidas en las causas penales que se inicien a partir de ahora.
Con esta sanción, Rosario se alinea con las legislaciones más severas a nivel nacional en materia de seguridad vial, enviando un mensaje político claro: la calle no es un circuito de carreras y el uso del vehículo como un arma conlleva la pérdida definitiva del bien y del permiso para conducir.
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