La justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de culpabilidad del empresario argentino Federico “Fred” Machado por los delitos de lavado de activos y fraude electrónico en Texas.
El acuerdo en Texas y el giro de la estrategia defensiva
El juez de instrucción de la corte de Texas, Don D. Bush, validó formalmente el reconocimiento de los cargos por parte del financista en una audiencia que se extendió por quince minutos. Con este movimiento, la defensa de Machado logró sellar un pacto con la fiscalía norteamericana para retirar la acusación penal por narcotráfico internacional, el delito más severo que pesaba sobre él desde su imputación inicial.
El andamiaje delictivo admitido por el empresario consistía en una compleja estructura financiera dedicada al fraude y al ocultamiento de activos. A través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —ambas controladas por Machado en el estado de Florida— se generaba una estafa piramidal basada en la comercialización de aeronaves que se encontraban inhabilitadas para la venta o eran directamente inexistentes.
Para dar apariencia legal a los movimientos de dinero, las compañías operaban en combinación con Wright Brothers Aircraft Title. Dicha sociedad, radicada en Oklahoma City, funcionaba como agente de depósito en garantía (escrow) y compartía oficinas, recursos operativos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation, la firma cuya titular, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en 2023 a 16 años de prisión efectiva por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.
La admisión de los cargos de lavado y fraude por parte de Machado busca eludir el escenario de su antigua socia y reducir drásticamente los años de condena. Sus abogados prevén solicitar al juez federal de distrito, Amos L. Mazzant, que al momento de dictar la sentencia definitiva compute los cuatro años que el empresario permaneció bajo arresto domiciliario en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, sumados a los meses transcurridos en el centro de detención federal Core Civic Cimarron de Oklahoma tras ser extraditado en noviembre pasado.
El origen de los fondos y los vuelos de la campaña 2019
La resolución en los tribunales estadounidenses reabre el foco de atención sobre el financiamiento del frente Despertar durante las elecciones presidenciales de 2019. La relación entre el economista y el empresario aeronáutico se visibilizó a partir de la utilización recurrente de un avión privado con matrícula norteamericana, propiedad de las firmas de Machado, para los traslados proselitistas del candidato dentro del territorio argentino.
La trama económica detrás de este vínculo sumó documentación determinante a partir de los operativos de registro dispuestos en los domicilios del financista en la Patagonia. Durante los procedimientos judiciales se halló un contrato de locación de servicios suscripto el 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes del cierre formal de las listas electorales.
Aquel documento estipulaba un pago global cercano al millón de dólares en favor del economista bajo el concepto de consultorías internacionales. El esquema de pagos pautaba un desembolso inicial de 100.000 dólares al momento de la firma y el remanente distribuido en nueve cuotas mensuales correlativas de idéntico monto.
La existencia de este acuerdo comercial en paralelo al soporte logístico de la campaña contradice las primeras justificaciones públicas del entorno partidario, que reducían la asistencia a una colaboración informal en concepto de viáticos, hotelería y préstamos temporales de aeronaves por un monto estimado de 150.000 dólares.
"Lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba aportes. Él estaba presentando un libro y yo le dije: 'Hay un avión chico que voy a comprar a un amigo y puedo prestártelo para que te muevas por Argentina'", ratificó el propio Machado en declaraciones radiales previas a su traslado a los Estados Unidos, reconociendo el financiamiento directo de la estructura proselitista a pedido del dirigente liberal.
La derivación judicial en Argentina y el frente político
El reconocimiento de que los fondos de Machado provenían de actividades de lavado y fraude agravó la situación procesal de José Luis Espert en los tribunales locales. El exdiputado nacional afronta dos expedientes abiertos en la justicia federal por el presunto cobro de dinero de origen espurio y la utilización de activos vinculados a una red delictiva internacional.
El caso cobró volumen institucional a partir de una denuncia penal radicada por el dirigente social Juan Grabois, enfocada en una transferencia de 200.000 dólares ejecutada en febrero de 2020 a través de las firmas investigadas en Texas.
La controversia judicial generó fisuras en la coalición oficialista. Ante el avance de la causa penal, Espert se vio obligado a pedir licencia en su banca y a declinar su postulación para los comicios legislativos programados para el 26 de octubre, desvinculándose de la estructura electoral de La Libertad Avanza para evitar el costo político sobre el Gobierno.
Pese a que el presidente Javier Milei ensayó una defensa pública del economista a través de sus redes sociales, argumentando que la caída de los cargos de narcotráfico demostraba la inocencia de su aliado frente a "operaciones políticas", los especialistas en derecho penal internacional advierten que el escenario técnico es adverso. El hecho de que Machado admita formalmente que su capital era el resultado de maniobras de lavado convalida la hipótesis judicial de que los fondos volcados a la política argentina poseían una matriz ilícita, lo que restringe el margen de defensa del ex aspirante presidencial en Comodoro Py.
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