La multinacional belga Jan De Nul presentó sus planes de infraestructura fluvial ante el embajador estadounidense Peter Lamelas, ratificando el uso de tecnología occidental y desmintiendo la influencia de capitales estatales de Beijing en un negocio clave de US$ 300 millones anuales.
La cumbre geopolítica en la embajada norteamericana
Los directivos de la compañía belga Jan De Nul mantuvieron una reunión clave en Buenos Aires con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. El encuentro formalizado en la sede diplomática tuvo como eje central desactivar los cuestionamientos sobre supuestos lazos con el gigante asiático en medio de la licitación de la Vía Navegable Troncal.
Durante la audiencia, la empresa expuso las especificaciones técnicas de su propuesta para la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula cerca del 80% de las agroexportaciones argentinas. Los ejecutivos aprovecharon el encuentro para garantizarle a la administración de Washington que su plan operativo se sustenta sobre cadenas de valor plenamente occidentales.
El trasfondo de este movimiento empresarial radica en la creciente tensión geopolítica entre la Casa Blanca y Beijing por el control de la infraestructura estratégica en América Latina. La Hidrovía, un negocio que genera ingresos estimados en US$ 300 millones al año mediante el cobro de peajes, representa un punto de máxima atención para la seguridad nacional estadounidense y los intereses comerciales del gobierno argentino.
El rechazo categórico a la influencia de Beijing
Frente a las consultas del cuerpo diplomático estadounidense, la firma europea descartó de manera tajante cualquier tipo de participación o financiamiento proveniente del Partido Comunista Chino. Desde la corporación denunciaron que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio orquestada para distorsionar la competencia en el tramo final del proceso de adjudicación de la ruta fluvial.
"Texto textual relevante"
"La compañía desmintió categóricamente cualquier relación comercial o contractual con firmas de capitales estatales chinos y consideró que esas publicaciones buscaron afectar el desarrollo de la licitación."
El consorcio belga-argentino, integrado por Jan De Nul junto a la firma local ServiMagnus, enfrenta una dura puja comercial con su competidor directo, el grupo DEME, asociado en esta compulsa a la norteamericana Great Lakes Dredge & Dock Co.
Tecnología estadounidense y control del narcotráfico
Como parte de su estrategia de aproximación a Washington, los directivos de Jan De Nul detallaron el equipamiento informático y de monitoreo que prevén incorporar a la traza fluvial. La propuesta técnica contempla la adquisición de sistemas de cámaras de última generación (VTS) fabricados por proveedores de origen estadounidense para el control efectivo del tráfico de embarcaciones.
El despliegue de esta tecnología no solo apunta a optimizar la eficiencia del transporte de cargas, sino que se planteó como una herramienta de cooperación en materia de seguridad. La modernización de los sistemas de balizamiento y monitoreo en tiempo real facilitaría las tareas estatales de control fronterizo, orientadas a combatir el contrabando y el narcotráfico en una de las hidrovías más transitadas del continente.
La empresa repasó además sus 30 años de experiencia operativa ininterrumpida en las tareas de dragado en el Río Paraná. Con este argumento, los directivos buscaron demostrar solvencia técnica y confiabilidad frente al escrutinio internacional, planteando su intención de profundizar en el futuro los proyectos conjuntos con firmas del sector marítimo y portuario norteamericano.
El empate técnico y el impacto económico global
El encuentro con el embajador Peter Lamelas coincidió con una semana decisiva para el futuro de la concesión fluvial. La apertura de las ofertas del Sobre N° 3 de la licitación arrojó un virtual empate económico entre las dos propuestas finalistas: tanto Jan De Nul como el consorcio liderado por DEME presentaron una tarifa de peaje idéntica de US$ 3,80 por tonelada de registro neto, un valor marginalmente inferior al esquema de costos vigente.
El desenlace de esta privatización mantiene en vilo al complejo agroexportador de la región centro del país. Cámaras empresarias como CIARA-CEC y los gobiernos de las provincias ribereñas vienen reclamando celeridad en la adjudicación definitiva para asegurar la navegabilidad de la traza, garantizar la previsibilidad de los fletes marítimos y abaratar los costos logísticos en una campaña agrícola que proyecta volúmenes récords.
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