El anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación del sistema "Gemelo Digital Social", una herramienta de inteligencia artificial gestionada por el Ministerio de Capital Humano para anticipar escenarios sociales, encendió las alarmas entre especialistas en derecho informático y organizaciones de la sociedad civil.
Detrás de la narrativa oficial de la modernización estatal y la optimización de los recursos públicos se esconde una encrucijada compleja sobre el uso de los datos personales y la vigencia de los derechos personalísimos en el país. Los cuestionamientos apuntan tanto a la legalidad del entrecruzamiento de bases de datos como a los posibles vínculos de la iniciativa con corporaciones tecnológicas internacionales.
El debate por la privacidad y los límites del cruce de datos
La principal preocupación de los analistas radica en la centralización y el acaparamiento de registros provenientes de múltiples organismos públicos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Dirección Nacional de Migraciones. Según los especialistas, la integración de estos activos en una única gran base de datos vulnera principios fundamentales de la legislación argentina.
El principio de finalidad, contemplado en el artículo 4 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, establece de manera taxativa que la información recolectada por el Estado no puede ser utilizada para fines distintos de aquellos que motivaron su obtención original. La reutilización de registros de carácter previsional o socioeconómico para el entrenamiento de modelos predictivos de inteligencia artificial choca directamente con esta garantía jurídica.
La jurisprudencia argentina cuenta con antecedentes específicos sobre esta materia. El histórico fallo "Torres Abad" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en su momento que el consentimiento de los ciudadanos para la cesión de sus datos debe ser específico e informado, por lo cual el Estado no puede presumir ni extender dicha autorización para finalidades diversas a las declaradas en primera instancia.
Advertencias sobre el sesgo algorítmico y la auditoría tecnológica
Las solicitudes de información presentadas exigen detalles precisos sobre la infraestructura técnica del sistema y las medidas de seguridad adoptadas para resguardar la privacidad de millones de habitantes. Las organizaciones demandan conocer si se realizaron Evaluaciones de Impacto en Protección de Datos (PIA), un procedimiento exigido por las propias guías de transparencia de la Agencia de Acceso a la Información Pública para entornos de inteligencia artificial.
La falta de precisiones sobre el funcionamiento interno de la plataforma genera sospechas respecto a la toma de decisiones automatizadas que puedan afectar directamente la asignación de asistencia social. El riesgo de sesgos algorítmicos en el procesamiento de variables sensibles —como la composición familiar, los ingresos económicos o las condiciones de salud— es uno de los puntos más críticos señalados por los expertos en la materia.
"Detrás de la narrativa de la modernización estatal se esconde una encrucijada peligrosa sobre el uso de nuestros datos personales y la vigencia de los derechos personalísimos en Argentina", advirtió Nicolás Bevilacqua, abogado especialista en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca. El letrado planteó que el ecosistema digital actual exige herramientas de control ciudadano que garanticen que los procesos de automatización no deriven en un esquema de vigilancia masiva.
Impacto económico y la intervención de firmas internacionales
El componente internacional del proyecto también forma parte de las demandas de esclarecimiento de la oposición y de los sectores técnicos. Existen sospechas en torno a la participación de firmas globales dedicadas al análisis de Big Data, entre las que se menciona a la compañía estadounidense Palantir, conocida por proveer software de inteligencia y análisis de datos a gobiernos y agencias de seguridad en todo el mundo.
El debate se traslada al plano político y económico por el potencial uso estratégico de esta información sensible. Desde el ámbito parlamentario se advirtió que la delegación del diseño o la gestión de estas plataformas en corporaciones privadas debilita la soberanía digital del Estado y expone los datos de la población a intereses corporativos o electorales.
Existen alternativas tecnológicas maduras y menos invasivas, como el uso de datos sintéticos, el aprendizaje federado o la privacidad diferencial.
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