Una resolución dictada por la Justicia federal de Córdoba obliga al Poder Ejecutivo nacional a regularizar de forma urgente las partidas presupuestarias destinadas a las prestaciones de salud para personas con discapacidad, en un contexto de fuerte vulnerabilidad para el sector.
Fallo clave contra los recortes en Incluir Salud y Pami
El titular del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja, dictó una medida que obliga de forma directa al Ministerio de Salud de la Nación y al Pami a normalizar la cadena de pagos a los prestadores de servicios. La resolución judicial surge como respuesta a la parálisis financiera que afecta al sector, cuyos aranceles se encuentran notoriamente desactualizados frente a la inflación reinante en el país.
A pesar de haberse originado en los tribunales cordobeses a partir de una presentación de un colectivo de prestadores, el alcance de la medida es nacional. Esto significa que la administración central deberá transferir los fondos correspondientes de manera inmediata a todas las jurisdicciones de la Argentina, intentando frenar el deterioro prestacional en las provincias.
Incertidumbre en los sectores de asistencia por la falta de cumplimiento
A pesar de la contundencia del dictamen, los transportistas y efectores de salud se muestran escépticos respecto a la voluntad política para aplicar el fallo. Representantes del sector en Santa Fe manifestaron sus serias dudas sobre si la administración central acatará la orden en los plazos previstos por la ley.
"El incumplimiento del gobierno nacional en la cadena de pagos afecta directamente a las personas con discapacidad de manera irreversible. Lo dice el fallo", expresó Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes). El dirigente gremial enfatizó que la falta de recursos afecta el traslado diario a escuelas, centros de día y terapias de rehabilitación básicas.
El impacto de la suspensión de fondos y la desactualización arancelaria
La problemática económica que arrastra el sector no es nueva, pero se profundizó críticamente en el último semestre. En el caso específico del programa Incluir Salud —el cual financia la cobertura médica de aquellas personas con discapacidad que no poseen una obra social o prepaga y dependen exclusivamente del Estado— las transferencias gubernamentales se encuentran totalmente suspendidas desde noviembre del año pasado.
Esta interrupción obligó a cientos de profesionales, transportistas y clínicas especializadas a sostener los servicios con recursos propios o, en los casos más graves, a suspender la atención de manera temporal. A esto se le suma que los aranceles fijados por el nomenclador nacional quedaron desfasados respecto a los costos operativos, fundamentalmente por el aumento del combustible, insumos médicos y paritarias salariales.
Una crisis social que abarca a todo el territorio nacional
La decisión de la Justicia federal visibiliza una crisis estructural que pone en riesgo el derecho constitucional a la salud y a la integración social de miles de ciudadanos. Las deudas acumuladas por el Estado nacional no solo asfixian a las pequeñas y medianas empresas prestadoras, sino que desamparan a una de las franjas más desprotegidas de la población.
Mientras los juzgados federales exigen la restitución de los flujos de dinero correspondientes, las organizaciones de la sociedad civil y los transportistas anticipan que continuarán en estado de alerta. Para el sector, la resolución judicial representa un respaldo jurídico fundamental, pero la solución definitiva solo llegará cuando los fondos efectivamente se depositen en las cuentas de quienes garantizan la atención diaria.
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