Un informe de la consultora KPMG reveló que el comercio ilegal de tabaco alcanza el 31,9% del consumo en 11 países de América y genera pérdidas fiscales multimillonarias.
El avance del mercado ilegal de tabaco se consolidó como una de las principales problemáticas económicas y de seguridad en el continente. Según un estudio de la consultora KPMG LLP, el 31,9% de los cigarrillos consumidos en un bloque de 11 países de la Región de las Américas —que incluye a la Argentina, Brasil, México, Canadá, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Ecuador— proviene del circuito ilícito. Esta situación implica la circulación de unos 77.000 millones de unidades por fuera de los canales legales.
La investigación detalla que el volumen del contrabando duplica el promedio global del sector, estimado en un 15%, lo que convierte a la región en el principal foco de este fenómeno a nivel mundial. Más allá del impacto sanitario derivado de productos que no cuentan con ningún tipo de control regulatorio, la proliferación de esta economía paralela vacía las arcas públicas. Durante el último año, la evasión impositiva vinculada a este flagelo generó una pérdida fiscal estimada en 8.500 millones de dólares para los Estados afectados.
El mapa del comercio ilegal y los casos extremos
El informe muestra marcadas asimetrías geográficas en la distribución del volumen clandestino, con focos críticos donde la presencia del mercado formal es casi marginal. El principal polo por volumen neto de unidades es Brasil, que concentró 41.800 millones de cigarrillos ilegales, cifra que representa el 54% de todo el contrabando detectado en el bloque analizado.
Sin embargo, los escenarios más alarmantes en términos porcentuales de penetración se ubican en América Central y la región andina. En Panamá, la ilegalidad adquirió un carácter estructural absoluto: el 89% de los cigarrillos que se consumen en su territorio son de contrabando. Una situación similar atraviesa Ecuador, donde el indicador de informalidad trepó hasta el 84% del volumen total del mercado.
En el caso de la Argentina, el escenario presenta una escala diferente pero con un impacto económico directo sobre la recaudación de impuestos internos. En el país se consumen anualmente alrededor de 36.000 millones de cigarrillos, de los cuales cerca de 3.900 millones corresponden al circuito ilegal, lo que representa el 10,7% del total del mercado. Esta brecha de comercialización informal le cuesta al Estado argentino una pérdida de ingresos fiscales cercana a los 332 millones de dólares por año.
El predominio de las marcas blancas y las redes delictivas
Una de las claves metodológicas del relevamiento de KPMG radica en la tipificación del producto que alimenta este circuito. El estudio determinó que el 73% del mercado ilegal regional está compuesto por los denominados "cigarrillos blancos ilícitos" (illicit whites). Se trata de tabaco fabricado legalmente en un país específico, pero cuyo destino exclusivo desde su origen es el contrabando hacia otras fronteras, ingresando sin declarar y evadiendo la totalidad de la carga tributaria en el mercado de destino. Este segmento equivale a unos 56.500 millones de unidades en circulación.
La dinámica de distribución de este material excede la simple evasión impositiva comercial y se encuentra vinculada a estructuras delictivas transnacionales complejas. Los organismos de control y las fuerzas de seguridad regionales asocian de manera directa el tráfico de tabaco con otras economías ilícitas a gran escala, como el lavado de dinero, el contrabando de armas y la falsificación de marcas masivas.
"Informes como este son relevantes no solo para poner de relieve el problema del comercio ilícito de cigarrillos, sino también para invitar a las autoridades a buscar soluciones que promuevan la innovación tecnológica, la recopilación de inteligencia y la acción basada en datos", señaló Marco Hannappel, presidente de Philip Morris Internacional para América Latina y Canadá, entidad que encomendó la auditoría estadística.
El impacto de las asimetrías fiscales y la respuesta judicial
Los analistas sectoriales señalan que el mercado informal demostró una fuerte resiliencia frente a las caídas generales de consumo de las economías formales. El documento advierte que la brecha de precios generada por regulaciones extremas y aumentos abruptos de la carga impositiva en los canales tradicionales suele actuar como un dinamizador del circuito clandestino, al desviar la demanda de los consumidores hacia opciones de bajo costo y nula fiscalización.
La problemática logística local quedó expuesta recientemente mediante investigaciones de la Justicia Federal argentina, que permitieron desarticular organizaciones dedicadas a la producción clandestina interna. Un procedimiento reciente en la provincia de San Luis detectó una planta ilegal capaz de producir más de 35 millones de atados de cigarrillos al año utilizando documentación adulterada, marcas falsificadas y tecnología para bloquear señales de control satelital, simulando exportaciones para eludir los controles fiscales de la AFIP.
Este tipo de entramados locales e internacionales ratifica que la oferta ilegal dejó de ser un fenómeno de fronteras para transformarse en un sistema industrial paralelo que afecta el financiamiento de los Estados de la región.
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