El gobierno de Santa Fe criticó con dureza el esquema de reducción de derechos de exportación para el trigo y la cebada que implementará la gestión nacional a partir de junio, al considerar que la medida resulta insuficiente frente a la crisis que atraviesa el sector agropecuario por el incremento de los costos logísticos y las contingencias climáticas.
El anuncio del presidente Javier Milei durante su presentación en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires generó una reacción inmediata en el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Desde la Casa Gris descartaron que las modificaciones en el régimen de exportaciones signifiquen una solución de fondo para los productores locales. El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, fue el encargado de fijar la postura de la administración provincial y manifestó el descontento ante una reforma que calificó como de corto alcance para la realidad productiva de la región.
La propuesta oficial de La Libertad Avanza contempla una flexibilización de los gravámenes para el trigo y la cebada desde el mes próximo, sumado a una promesa de reducción gradual de las retenciones a la soja que comenzaría a aplicarse en enero del próximo año. Sin embargo, las autoridades de la provincia de Santa Fe señalaron que la gradualidad no responde a las urgencias actuales del campo, el cual enfrenta un escenario de alta presión impositiva y márgenes de rentabilidad acotados por factores macroeconómicos y logísticos.
Los argumentos de la provincia frente al esquema nacional
El cuestionamiento central del gobierno santafesino radica en que el sector agrícola necesita definiciones estructurales y previsibilidad a largo plazo, en lugar de modificaciones parciales. Las autoridades provinciales remarcaron que las economías regionales se encuentran en una posición vulnerable debido a las variables del mercado internacional y al esquema de costos internos que afecta de manera directa la competitividad de los granos argentinos.
"Argentina vuelve a tropezar con la misma piedra", afirmó el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, al analizar el impacto del anuncio del jefe de Estado. Para el funcionario santafesino, las medidas informadas no logran compensar los desequilibrios del sector productivo en el territorio, especialmente en un período donde los insumos clave para la actividad experimentaron subas considerables.
Costos en alza y el impacto de la emergencia climática
El escenario para los productores de la región se complejizó en las últimas semanas debido a factores climáticos adversos. El norte de la provincia de Santa Fe registra campos afectados por recientes inundaciones, lo que alteró los esquemas de siembra y cosecha, limitando la capacidad de respuesta financiera de las empresas agrarias ante nuevos compromisos comerciales.
A este panorama ambiental se suma el incremento de los gastos operativos esenciales para la actividad agraria. Desde la administración santafesina explicaron que la flexibilización dispuesta por el Ejecutivo nacional es escasa en un contexto internacional complejo, signado por una suba en los costos de los fertilizantes y de los combustibles que reduce de forma drástica los márgenes de ganancia. Por este motivo, el gobierno provincial insistió en que la solución definitiva requiere la eliminación total de los derechos de exportación.
El reclamo histórico por la eliminación de los gravámenes
La postura de Santa Fe se alinea con un reclamo histórico de las provincias de la Región Centro, que sostienen que los recursos generados por las retenciones deberían permanecer en los circuitos productivos locales para fomentar la inversión y el desarrollo de infraestructura. La respuesta negativa de la administración santafesina expone la tensión persistente entre las necesidades fiscales de la Nación y las demandas de las economías del interior.
Desde la gobernación concluyeron que el campo no necesita rebajas graduales ni medidas a medias en las actuales circunstancias, sino políticas que quiten la presión impositiva de manera sostenida. El debate por la distribución de la carga tributaria y el fomento a las exportaciones agrícolas continúa siendo uno de los puntos de mayor discusión entre la Casa Rosada y los distritos que concentran el mayor volumen de producción agroindustrial del país.
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