El Arzobispado de Rosario respaldó la continuidad de los trabajadores informales bajo un marco de ordenamiento estatal, diferenciando la subsistencia de los delitos en espectáculos masivos.
El posicionamiento del Arzobispado frente al trabajo informal
La problemática de los cuidacoches en la vía pública sumó un capítulo central en la agenda política y social de la región. El Arzobispado de Rosario, encabezado por monseñor Eduardo Martín, fijó una postura institucional clara al recibir a un grupo de personas que ejercen la actividad en distintos puntos de la ciudad. El encuentro significó un respaldo explícito a los sectores más vulnerables de la economía informal, en medio del debate local sobre la permanencia o prohibición de los denominados "trapitos".
Durante la reunión, de la que también participaron el responsable de la Pastoral Social local, el padre Fabián Monte, e integrantes de la comisión diocesana, las autoridades eclesiásticas analizaron las condiciones de vida de quienes subsisten a través del cuidado y lavado de vehículos en las calles rosarinas. La institución emitió un documento posterior donde se insta a las autoridades municipales y provinciales a buscar mecanismos de regularización en lugar de optar por la eliminación directa de la actividad.
La intervención de la Iglesia se produce en un contexto de fuerte discusión pública en Rosario, donde la saturación del espacio urbano y las denuncias por exigencias de tarifas fijas generan tensiones recurrentes entre automovilistas, vecinos y trabajadores informales.
Distinción entre subsistencia y delitos en espectáculos masivos
El eje más complejo del pronunciamiento eclesiástico estuvo centrado en los episodios de violencia y coacción que se registran de forma sistemática en las inmediaciones de los estadios de fútbol y durante la realización de eventos culturales masivos. Monseñor Martín fue el encargado de trazar un límite preciso entre la necesidad laboral y el accionar de grupos que utilizan la actividad como una fachada para cometer ilícitos de manera organizada.
La máxima autoridad católica de la ciudad enfatizó que la presencia del Estado es indispensable para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que las estructuras delictivas se apropien del espacio público mediante metodologías que configuran delitos penales. El pedido de intervención directa a las fuerzas de seguridad y a las reparticiones de control municipal apunta a desarticular los esquemas de recaudación ilegal que suelen incrementarse en los días de partidos oficiales.
"Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse, principalmente para identificar a quienes se aprovechan de estas situaciones, especialmente en espectáculos masivos o en inmediaciones de los estadios, donde a veces aparecen conductas vinculadas a la amenaza, la falta de respeto o la extorsión."
El debate por la inclusión social y el rol del Estado
El debate en torno a los cuidacoches en Rosario cuenta con antecedentes de diversos proyectos legislativos en el Concejo Municipal, que oscilan entre la prohibición total y la creación de registros oficiales con identificación obligatoria. Desde la perspectiva de la Pastoral Social, los intentos de prohibición sin una contrapropuesta de inserción laboral formal resultan ineficaces para resolver un problema estructural arraigado en la exclusión económica.
Los referentes parroquiales que intervienen en los barrios más postergados de la ciudad señalaron que el fenómeno no puede analizarse de manera aislada de los índices de pobreza y desocupación que afectan al aglomerado urbano del Gran Rosario. En ese sentido, remarcaron que el abordaje punitivo exclusivo no ofrece soluciones de fondo y que se requiere una evaluación multidimensional de cada caso particular.
"Nadie está en la calle por vocación; detrás de cada persona hay una historia de dolor, de quiebres y de situaciones muy difíciles que hoy hemos podido escuchar. No podemos convertirlos en chivos expiatorios de los problemas sociales ni creer que la solución pasa por esconderlos o prohibirlos. Eso sería puro voluntarismo inútil."
Hacia un esquema de ordenamiento urbano en la ciudad
La propuesta de ordenamiento defendida por el ámbito eclesiástico implica la necesidad de trazar un censo real y un sistema de control que permita diferenciar al trabajador vecinal del delincuente eventual. Esta alternativa busca replicar, con modificaciones locales, ciertas experiencias de otras capitales provinciales del país donde se implementaron programas de estacionamiento social asistido con recaudación controlada.
La viabilidad de una regulación en Rosario depende ahora del consenso político en el Palacio Vassallo y de la articulación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Los canales de diálogo abiertos por la Iglesia buscan acelerar una mesa de trabajo conjunta que aborde tanto la urgencia de la seguridad ciudadana como el sostenimiento alimentario de las familias que dependen de estos ingresos diarios.
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