La Cámara de Diputados de Santa Fe debate un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva la actividad de los cuidacoches en las grandes urbes, una iniciativa que dividió las opiniones del arco religioso tras el rechazo de la Iglesia Católica y el firme respaldo de los sectores evangélicos que piden terminar con la informalidad vial.
El debate parlamentario por la regulación del espacio público
El debate por la permanencia de los denominados "trapitos" en las calles de las principales ciudades santafesinas ingresó en una etapa de definiciones en la Legislatura provincial. La Cámara de Diputados analiza el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado, impulsado por el legislador del departamento Rosario, Ciro Seisas. La propuesta busca modificar de raíz el artículo 66 del Código de Convivencia de la provincia para consagrar la prohibición total de esta actividad, abriendo un fuerte debate social y político sobre el control del espacio público.
La iniciativa no se limita únicamente a la órbita punitiva, sino que plantea un esquema de abordaje integral. Para los infractores reincidentes, el texto legal prevé sanciones que van desde multas económicas hasta penas de arresto de hasta 15 días. En paralelo, y como contraprestación para atender la vulnerabilidad social, el proyecto incorpora la creación de un programa específico de reinserción laboral, capacitaciones de oficio y asistencia en salud mental dirigida a los trabajadores informales que padezcan consumos problemáticos de sustancias.
Este entramado normativo busca saldar una discusión histórica en ciudades como Rosario y Santa Fe, donde la convivencia urbana se vio afectada por reiteradas denuncias de extorsión, amenazas a conductores y disputas territoriales ligadas a economías delictivas. La presión social y comercial aceleró el tratamiento de la norma, que espera dictamen de comisiones tras una serie de rondas de consultas con diversos actores comunitarios.
Cruce de doctrinas: la postura evangélica frente a la Iglesia Católica
La discusión escaló hacia el plano religioso y dejó en evidencia dos visiones contrapuestas sobre cómo abordar la marginalidad y el uso de la calle. El diputado provincial y pastor evangélico, Walter Ghione, salió al cruce de las declaraciones del Arzobispado de Rosario, que semanas atrás se había manifestado en contra de la prohibición absoluta de los cuidacoches. Ghione, líder del bloque UNO en la Cámara baja, rechazó de manera tajante la idea de regularizar la actividad, argumentando que una medida de ese tipo perpetúa la exclusión social.
"No compartimos la posición de la Iglesia Católica, regular la actividad sería empujar a mucha gente a la marginalidad para sostener una labor indigna, informal y ligada a la extorsión, al control territorial y el consumo problemático. Hay que ayudar a la gente con trabajo digno
Para los referentes del credo evangélico, la validación estatal de los cuidacoches representa una "resignación social" que atenta contra la cultura del esfuerzo y el empleo formal. Ghione argumentó que el espacio público pertenece a la ciudadanía en general y que no se puede convalidar el cobro de dinero por estacionar, advirtiendo que aceptar este esquema podría abrir la puerta a otras formas de privatización ilegal de las calles de la ciudad.
La propuesta de ordenamiento del Arzobispado de Rosario
La controversia se originó luego de que el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martin, expusiera públicamente una mirada de corte asistencial y regulatoria sobre la problemática. Desde la perspectiva de la conducción católica local, la eliminación lisa y llana de los "trapitos" desampara a familias enteras que subsisten mediante este mecanismo de supervivencia urbana ante la falta de alternativas laborales formales en la región.
“Estos hermanos nuestros atraviesan situaciones de gran necesidad y muchos de ellos ofrecen sus servicios cuidando coches, ayudando a estacionar o lavando autos. Entendemos que brindan un pequeño servicio que ayuda a los demás", había señalado Martin, diferenciando la
El planteo del Arzobispado apunta a un censo, identificación y ordenamiento de quienes ejercen la actividad de buena fe en las cuadras céntricas y gastronómicas. Respecto de las bandas que operan con fines extorsivos, especialmente en las inmediaciones de los estadios de fútbol durante espectáculos deportivos masivos, la Iglesia Católica consideró que no se requiere una nueva ley de prohibición, sino la aplicación estricta del Código Penal vigente para combatir los delitos de coacción y amenaza organizada.
Impacto en los municipios y el doble modelo bajo análisis
La definición de la ley santafesina impactará de manera directa en la gestión cotidiana de los gobiernos locales. En el Concejo Municipal de Rosario, la discusión ya se ve reflejada en las mesas de trabajo donde conviven dos proyectos políticos opuestos: por un lado, el oficialismo local que respalda la prohibición provincial articulada con el programa municipal de empleo "Andando"; por el otro, los bloques vinculados al Justicialismo que se alinearon con la postura del Arzobispado para avanzar hacia un registro regulado de trabajadores urbanos.
El plano judicial y logístico también genera interrogantes entre los legisladores. Mientras que el proyecto establece que el juzgamiento de las faltas será resorte del Poder Judicial de la provincia, los municipios deberán asumir las tareas de control operativo, fiscalización callejera y articulación con la Policía de Santa Fe para retirar a los cuidacoches de la vía pública.
La resolución del conflicto normativo entra en su fase definitoria. La Cámara de Diputados mantendrá encuentros formales con delegados eclesiásticos y movimientos sociales para escuchar sus inquietudes antes de emitir un dictamen definitivo. Con el respaldo del bloque evangélico y el impulso del oficialismo, la balanza parlamentaria se inclina hacia la sanción de la prohibición, buscando poner fin a una actividad instalada desde hace décadas en las principales arterias comerciales de la provincia.
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