El Senado debate la eliminación de límites a la venta de tierras a extranjeros

El Senado de la Nación tratará el próximo jueves un proyecto que busca eliminar el tope del 15% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una medida que el oficialismo defiende como una herramienta clave para fomentar la inversión y el desarrollo productivo en el interior del país.

El debate por la propiedad de la tierra vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública argentina. La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de comisión tras el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques aliados, propone una reconfiguración estructural en el mercado inmobiliario rural. La propuesta no solo busca derogar los límites establecidos en 2011, sino que también traslada a las provincias la potestad de regular o autorizar las operaciones de compra según sus propias normativas, bajo un esquema que el Gobierno denomina como una forma de "fortalecer el federalismo".

El impacto en el mercado agropecuario y las inversiones

Desde el oficialismo y diversos sectores inmobiliarios, la medida es vista como una señal necesaria para atraer capitales internacionales que, según estiman, son fundamentales para financiar obras de infraestructura, sistemas de riego y tecnologías de valor agregado. "La Argentina hoy es vista como una oportunidad histórica de inversión; liberar el mercado es un paso esencial para acelerar el crecimiento", argumentan fuentes del sector productivo.

El mercado inmobiliario rural espera con atención el desenlace legislativo. Algunos especialistas señalan que la apertura del cepo a la compra extranjera podría redefinir los precios de referencia de la hectárea en la zona núcleo agrícola y en economías regionales estratégicas. La lógica, explican los analistas, es directa: la mayor demanda por parte de fondos institucionales y empresas extranjeras presionaría al alza los valores, reactivando una dinámica comercial que se ha mantenido cautelosa ante la incertidumbre judicial que rodeaba a la normativa vigente desde el decreto 70/2023.

Controversias y el debate por la soberanía territorial

No obstante, la propuesta ha despertado un rechazo frontal en organizaciones sociales, ambientalistas y parte del arco opositor. La Mesa Agroalimentaria ha manifestado su preocupación ante lo que consideran un riesgo inminente de extranjerización de los recursos estratégicos, incluyendo fuentes de agua dulce y zonas de seguridad de frontera.

"La normativa de 2011 fue un freno a un proceso que, de no regularse, podría comprometer el acceso de los productores locales a sus propios territorios", advirtieron desde entidades rurales. Las críticas se centran en el temor de que la venta ilimitada favorezca la especulación inmobiliaria por sobre la producción sostenible, y advierten que las modificaciones paralelas —como aquellas vinculadas al manejo del fuego— podrían facilitar cambios de uso de suelo en zonas protegidas.

Antecedentes y el futuro del proyecto

El marco normativo actual se rige por la Ley 26.737, sancionada en 2011, la cual establece un límite del 15% de titularidad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional y restringe la compra en zonas estratégicas. Aunque el Poder Ejecutivo intentó dejar sin efecto esta norma mediante el DNU 70 de fines de 2023, la aplicación del decreto quedó suspendida por decisiones judiciales, lo que obligó al Gobierno a buscar el respaldo parlamentario para avanzar con sus reformas.

Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, la senadora Patricia Bullrich destacó que el nuevo proyecto busca "dejar en manos de las provincias la potestad de autorizar o restringir" las ventas, lo que, a su juicio, garantiza un mayor control territorial. Sin embargo, el peronismo ha solicitado formalmente audiencias públicas para profundizar el análisis de las consecuencias sociales de la ley, reclamando que se priorice la protección de la propiedad rural de los pequeños y medianos productores por sobre el ingreso de fondos de inversión internacionales.

A medida que se acerca la sesión del próximo jueves, el oficialismo trabaja intensamente para asegurar los votos necesarios, buscando sumar a sectores dialoguistas como el bloque Convicción Federal, quienes han presentado despachos alternativos. El resultado de esta votación no solo impactará en el mapa de propiedad rural del país, sino que marcará el pulso de la relación entre el Congreso y la política de apertura económica del Poder Ejecutivo.