La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones del sindicato metalúrgico, ordenó una intervención judicial por 180 días y provocó el rechazo en bloque del gremialismo, que denuncia persecución política y evalúa medidas de fuerza nacionales.
El impacto del fallo judicial en el gremio metalúrgico
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una resolución que sacude los cimientos del mapa sindical argentino al declarar la nulidad absoluta de las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica. La medida dispuso el cese inmediato de las funciones de toda la conducción nacional y de la seccional Campana, lo que significó el desplazamiento directo del secretario general, Abel Furlán.
El tribunal fundamentó su decisión en irregularidades detectadas durante el proceso electoral desarrollado a comienzos de marzo en la seccional bonaerense de Zárate-Campana, que sirvió de base para la posterior elección nacional del 18 de marzo. Según los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, las mecánicas implementadas para el resguardo y recuento de los sufragios a lo largo de las tres jornadas de votación carecieron de las garantías mínimas de transparencia institucional.
"La ausencia de salvaguarda de la voluntad de los electores, en una elección que se prorrogó durante tres días, destruyó la objetividad de todo el proceso", sostuvo el fallo de la Cámara del Trabajo.
Para llevar adelante el proceso de regularización institucional bajo los lineamientos de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, el tribunal designó como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri. El funcionario tendrá una vigencia en su cargo de 180 días, lapso durante el cual deberá asumir la administración integral de las finanzas y el control interno del gremio, presentar informes de gestión trimestrales y convocar a nuevos comicios transparentes.
Reacción sindical generalizada y advertencia de paro nacional
La respuesta del arco gremial no se hizo esperar y generó una ola de repudio que excede las fronteras de la propia organización metalúrgica. Diversos sectores internos del movimiento obrero organizado salieron a respaldar públicamente a la conducción desplazada, calificando la resolución de la Sala VIII como una intromisión directa del Poder Judicial en la vida democrática de las organizaciones de los trabajadores.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, liderada por el gremio de Aceiteros, emitió una dura declaración pública en la que denunció la existencia de una campaña de persecución política. En su comunicado oficial, advirtieron sobre la gravedad institucional de la medida y llamaron de forma urgente a debatir la convocatoria a un paro nacional de actividades para frenar lo que consideran un avance sobre los derechos de representación colectiva.
La cúpula de la UOM, por su parte, emitió un pronunciamiento conjunto en el que descalificó los argumentos del tribunal, vinculando la decisión a los conflictos paritarios que mantiene abiertos con las principales cámaras empresariales de la actividad siderúrgica y metalmecánica. Desde el entorno de Furlán aseguraron que la resolución busca restarle capacidad de negociación y presión salarial a una de las estructuras sindicales operativas más populosas del sector industrial.
“Esta intervención judicial no nació hoy. Es el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo, disciplinar a la UO
M”, manifestaron las autoridades desplazadas.
Antecedentes inmediatos y escenario político en el corto plazo
El desplazamiento de Abel Furlán se produce apenas dos meses después de que los cómputos oficiales del gremio lo proclamaran ganador con el 80% de los votos emitidos, consolidando una línea interna de neto perfil combativo y cercana al kirchnerismo. Aquella victoria electoral se había dado en un contexto de fuerte tensión con la oposición interna, encarnada por la Lista Naranja de Campana y representada por el apoderado Diego Castillo, quien inició la demanda en los primeros días de marzo de 2026.
La controversia judicial y política sumó un nuevo foco de sospechas por parte de los sectores de izquierda y del peronismo parlamentario, quienes recordaron que los magistrados firmantes del fallo son los mismos que validaron aspectos centrales de las reformas de flexibilización laboral impulsadas recientemente. Este alineamiento de criterios entre el tribunal y las prioridades de la Casa Rosada alimentó las denuncias de un pacto político para neutralizar las huelgas sectoriales.
Para las próximas horas, las seccionales metalúrgicas de las principales provincias industriales, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, preparan asambleas permanentes en los lugares de trabajo. En paralelo, bloques de diputados y senadores del Partido Justicialista adelantaron que participarán de un abrazo simbólico a la sede central de la organización para expresar su rechazo institucional a la intervención y exigir el inmediato restablecimiento de la autonomía sindical.
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