A pesar de las recientes detenciones, el fenómeno de intimidación pública no se detiene. El Gobierno provincial confirmó que las familias de los implicados deberán afrontar multas de 5 millones de pesos por operativo.
La provincia de Santa Fe atraviesa una crisis de seguridad escolar que parece no encontrar techo. Este lunes, el sistema de emergencias y las autoridades educativas reportaron un total de 84 falsas amenazas de ataques contra establecimientos escolares en todo el territorio santafesino. La cifra representa un salto alarmante, considerando que las autoridades ya han iniciado procesos penales y detenciones contra adolescentes involucrados en este tipo de conductas en diversas jurisdicciones.
El recrudecimiento de estas acciones se produce en un clima de extrema sensibilidad social, a cuatro semanas del trágico asesinato de Ian Cabrera, el estudiante de 13 años acribillado en San Cristóbal. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad aclararon que, si bien el temor es real, la motivación de esta ola masiva de denuncias difiere de la matriz criminal que terminó con la vida del menor en marzo.
El impacto en Rosario y el sur provincial
La ciudad de Rosario continúa siendo el epicentro de estas maniobras de intimidación. Según el relevamiento oficial de las fuerzas de seguridad, el lunes se contabilizaron 23 denuncias solo en establecimientos locales. La situación se extiende a todo el cordón sur de la provincia, donde se concentraron 52 de los 84 reportes totales de la jornada.
Otras localidades también se vieron afectadas por esta tendencia:
Venado Tuerto: 3 casos reportados.
Villa Constitución: 3 casos reportados.
San Lorenzo: 3 casos reportados.
Las autoridades califican este comportamiento como un "efecto imitación" que, aunque pueda parecer una broma de mal gusto por parte de estudiantes, genera un perjuicio económico y operativo devastador. Cada amenaza obliga a la activación de protocolos de evacuación, la intervención de brigadas de explosivos y el despliegue de patrulleros, distrayendo recursos críticos de la seguridad pública.
Multas millonarias para los padres de los autores
Ante la persistencia de las amenazas, el Gobierno provincial endureció las sanciones económicas para intentar frenar el fenómeno. Se estableció que las familias de los menores que resulten identificados como autores de los mensajes o llamadas deberán pagar una suma de 5 millones de pesos por cada operativo derivado de la falsa denuncia.
Esta medida busca que la responsabilidad civil recaiga directamente sobre los tutores, ante la dificultad de aplicar penas de prisión efectiva a menores de edad. "Esto tiene más que ver con una imitación que parece ingenua pero no lo es", advirtieron fuentes oficiales, subrayando que el costo de movilizar a la policía y a los peritos debe ser resarcido por quienes provocan el caos.
Antecedentes y el cambio en la lógica delictiva
El Ministerio de Seguridad santafesino separa tajantemente estos hechos del crimen organizado tradicional. Mientras que el asesinato en San Cristóbal respondió a una lógica de violencia territorial y sicariato, las 84 amenazas registradas en las últimas 24 horas son interpretadas como una "epidemia de indisciplina digital" potenciada por el contexto de miedo.
"Es un fenómeno totalmente distinto", señalaron los investigadores, quienes destacan que la mayoría de estas alertas se realizan a través de redes sociales o llamadas anónimas que, gracias a la tecnología de rastreo actual, permiten dar con el origen de la comunicación de forma rápida. Las primeras detenciones de adolescentes ya se han concretado, pero el efecto disuasorio aún no se refleja en las estadísticas diarias, que mantienen en vilo a la comunidad educativa de la provincia.
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