El Consejo Interuniversitario Nacional presentará un reclamo formal ante el Ministerio de Capital Humano y ampliará la ofensiva judicial para garantizar el aumento de salarios y becas estudiantiles.
La tensión entre el sistema universitario público y el Gobierno Nacional sumó este miércoles un nuevo capítulo de confrontación directa. En el marco de una jornada de protesta nacional con clases públicas y facultades abiertas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió elevar un reclamo administrativo al Poder Ejecutivo para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, que busca destrabar fondos congelados por la gestión central, se complementará con una nueva avanzada en los tribunales federales tras el incumplimiento de la normativa vigente.
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y actual presidente del CIN, confirmó que la estrategia de las casas de altos estudios se dividirá en dos frentes. Por un lado, se presentará una nota formal dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la apertura inmediata de paritarias y la actualización de las partidas presupuestarias. Por el otro, se buscará consolidar el camino judicial que ya cuenta con antecedentes favorables para las universidades.
El frente judicial y el reclamo por los salarios docentes
El eje del conflicto radica en la aplicación de los artículos de la ley que establecen una recomposición salarial para el personal docente y no docente, además del refuerzo en las becas de ayuda estudiantil. Según el CIN, los salarios del sector atraviesan un retraso histórico que no encuentra soluciones en el ámbito de la negociación colectiva.
"Vamos a exigir una convocatoria inmediata a la paritaria, que hace más de un año y medio que no funciona con normalidad", sostuvo Bartolacci. La decisión de acudir a la vía judicial no es azarosa: recientemente, la Justicia porteña dictó una medida cautelar que avaló la vigencia de la normativa, lo que otorga a los rectores un respaldo jurídico clave para presionar por el desembolso de los fondos.
La Ley de Financiamiento Universitario tiene una historia de idas y vueltas institucionales. Tras ser aprobada por el Congreso, fue vetada por el presidente Javier Milei bajo el argumento de proteger el equilibrio fiscal. Sin embargo, el Poder Legislativo logró ratificarla, forzando su promulgación a principios de octubre del año pasado. Pese a este estatus legal, la Casa Rosada ha mantenido suspendida su ejecución presupuestaria durante los últimos seis meses, lo que los rectores califican como una situación de "letra muerta".
Crisis presupuestaria e impacto en las aulas
La parálisis de la ley no solo afecta los recibos de sueldo de los trabajadores, sino que pone en riesgo el funcionamiento operativo de las instituciones. En Rosario, la UNR ha liderado una serie de acciones de visibilización bajo la premisa de que "la universidad pública no se apaga". Las clases públicas en las calles se han convertido en la postal de un conflicto que amenaza con profundizarse si no hay una respuesta oficial en el corto plazo.
El argumento oficialista de la sostenibilidad fiscal choca con la realidad operativa de las facultades, que denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% en términos reales para sus trabajadores. Los rectores sostienen que la ley 27.757 —el instrumento legal en disputa— es la única herramienta capaz de garantizar la previsibilidad mínima para el ciclo lectivo 2026, el cual ya transita su primer cuatrimestre bajo una fuerte incertidumbre económica.
Un conflicto de poderes que escala a la Corte
La resistencia del Ejecutivo a aplicar una ley ratificada por el Congreso abre un escenario de conflicto de poderes. Para los especialistas en derecho administrativo, el incumplimiento sistemático de una norma promulgada podría derivar en responsabilidades penales para los funcionarios involucrados. Desde el CIN, la intención es agotar la instancia administrativa con la nota a Pettovello para luego profundizar las presentaciones en los juzgados contencioso-administrativos federales.
El impacto de esta medida se siente en todo el territorio nacional, pero tiene epicentros críticos en universidades de gran escala como la UBA, la UNR y la Universidad Nacional de Córdoba. La falta de actualización de las becas estudiantiles también preocupa a la comunidad académica, ya que la deserción por motivos económicos ha mostrado signos de incremento en los últimos meses debido al aumento de los costos de vida y transporte.
Mientras el Gobierno Nacional mantiene su postura de no ceder ante reclamos que comprometan el superávit financiero, los rectores han decidido endurecer su postura política. La presentación ante el Ministerio de Capital Humano representa el último intento de diálogo antes de que la disputa quede saldada exclusivamente en el terreno de la justicia federal. La comunidad universitaria, por su parte, ya prepara nuevas movilizaciones federales para finales de mes, emulando las masivas marchas que marcaron la agenda pública durante el año anterior.
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