La Policía Federal detuvo a 35 personas tras 140 allanamientos en 12 provincias, desmantelando una compleja estructura que volcaba armas legales al mercado negro mediante testaferros y armerías.
El operativo "Armas sin fronteras" y la logística del mercado negro
Una investigación de dos años, liderada por el Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA), culminó esta semana con uno de los golpes más significativos al tráfico de armas en el país. Bajo el nombre operativo "Armas sin fronteras", las fuerzas federales ejecutaron más de 140 procedimientos simultáneos que abarcaron desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, incluyendo puntos críticos en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán.
La organización no operaba bajo la lógica tradicional del contrabando de fronteras, sino que utilizaba el propio sistema estatal para nutrirse de armamento. Según fuentes judiciales, la banda se dedicaba a adquirir armas de fuego de forma aparentemente lícita en el mercado legal para luego introducirlas en los circuitos de criminalidad urbana. El saldo del operativo fue contundente: 35 detenidos y el secuestro de un arsenal que incluye 55 pistolas, 25 escopetas, 7 ametralladoras, granadas y más de 40 mil municiones.
El rol clave de los "testaferros" y exempleados del organismo de control
La estructura delictiva presentaba una división de tareas profesionalizada que garantizaba la fluidez del trámite y la posterior ilegalidad del producto. El engranaje comenzaba con el reclutamiento de personas de bajos recursos, quienes oficiaban de "testaferros" o prestanombres. A cambio de una suma de dinero, estos individuos cedían sus datos para ser registrados como usuarios habilitados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar).
Para que estos ciudadanos pudieran cumplir con los requisitos legales, la red contaba con instructores de tiro y psicólogos que certificaban aptitudes técnicas y de salud inexistentes. Una vez obtenida la credencial de legítimo usuario, los testaferros compraban armamento en cantidades que no guardaban relación con su capacidad económica, principalmente pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas como Glock, Bersa y Taurus.
La pata oficial de la banda era fundamental para el éxito de la maniobra. La investigación detectó la participación de exempleados de la antigua Renar, quienes facilitaban la gestión de los expedientes y aceleraban las transferencias de armas. Estos exfuncionarios conocían los puntos ciegos del sistema de control y permitían que las compras masivas pasaran desapercibidas para las alertas de auditoría interna.
Armerías bajo la lupa y el nexo con el lavado de activos
El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, puso el foco en un grupo de armerías que funcionaban como centros logísticos. Estos comercios no solo vendían el armamento a los prestanombres de la organización, sino que centralizaban las operaciones y coordinaban las gestiones administrativas.
Una vez que las armas estaban en poder de la banda, el proceso de "ilegalización" consistía en el limado de las numeraciones de serie para impedir su rastreabilidad. El destino final no era solo el mercado interno de grandes centros urbanos como Rosario o el Conurbano Bonaerense; los investigadores sospechan que gran parte del material era exportado ilegalmente a países limítrofes, particularmente hacia Chile y Uruguay.
"La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre maniobras irregulares en la adquisición de armamento", detallaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Además del tráfico, la justicia investiga una red de lavado de activos, ya que los líderes de la banda habrían volcado las ganancias del mercado negro en la compra de bienes muebles e inmuebles para blanquear el capital obtenido de la venta de fusiles y pistolas.
El impacto de la "licuación" de armas en la seguridad pública
Este procedimiento pone de relieve una problemática creciente en la Argentina: la porosidad del mercado legal. Mientras que gran parte del debate público se centra en el ingreso de armas por fronteras secas, la causa "Armas sin fronteras" demuestra que el mayor peligro reside en la desviación de armamento nuevo, registrado y de alta potencia hacia organizaciones criminales.
El volumen de municiones secuestradas —40 mil proyectiles— equivale a la capacidad de fuego de una fuerza de seguridad mediana, lo que grafica el nivel de abastecimiento que la banda garantizaba a sus clientes. Para los especialistas, la desarticulación de esta red no solo frena el flujo de hierro hacia las bandas narco, sino que expone la necesidad de reformular los controles biométricos y financieros sobre los legítimos usuarios para evitar que la identidad de los sectores vulnerables siga siendo el combustible del tráfico ilegal.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.