Diputados por Santa Fe mostraron posturas opuestas en la votación que modifica la protección de glaciares, mientras organizaciones civiles impulsan una acción judicial masiva.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una serie de reformas críticas a la Ley de Glaciares, generando un fuerte impacto político en la provincia de Santa Fe. La votación de los legisladores locales reflejó una fractura marcada entre el apoyo al oficialismo y la defensa de las normativas ambientales vigentes. En paralelo, este escenario legislativo dio pie al lanzamiento de una convocatoria nacional para una demanda colectiva que busca frenar los cambios en la Justicia.
El voto de los representantes de Santa Fe
La delegación santafesina en la Cámara Baja no mantuvo un criterio unificado frente al proyecto. Los legisladores alineados con el Gobierno nacional y sectores aliados aportaron los votos positivos necesarios para avanzar con las modificaciones, bajo el argumento de fomentar inversiones mineras. En contraposición, los bloques vinculados al peronismo y el socialismo rechazaron la medida, advirtiendo sobre el riesgo hídrico y la desprotección de los recursos naturales.
Un dato relevante de la jornada fue la ausencia de la diputada Romina Diez (La Libertad Avanza), quien se encontraba atravesando un cuadro de salud, lo que le impidió participar de la definición en el recinto. Esta falta no alteró el resultado final, pero fue objeto de análisis en el armado político local por tratarse de una referente directa del Ejecutivo nacional.
Movilización ciudadana y demanda colectiva
Como respuesta inmediata a la sanción legislativa, diversas organizaciones ambientales y sectores de la sociedad civil iniciaron una campaña denominada "la demanda colectiva más grande de la historia". El objetivo es recolectar firmas en todo el país para presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la reforma.
Los impulsores de la medida argumentan que las modificaciones vulneran el principio de no regresión ambiental, un estándar jurídico que prohíbe que las leyes futuras otorguen menos protección a la naturaleza que las leyes actuales.
"Estamos frente a un retroceso institucional que pone en peligro las reservas de agua dulce de las próximas generaciones"
Impacto en el ecosistema y antecedentes
La Ley 26.639 de Preservación de Glaciares, sancionada originalmente en 2010, establecía un inventario nacional y prohibía actividades industriales en áreas glaciares y periglaciares. Con los cambios aprobados, se flexibilizan las definiciones técnicas de qué se considera un área protegida, lo que permitiría el avance de proyectos extractivos en zonas que antes estaban vedadas.
Este conflicto se produce en un contexto de sequía histórica en la región del Litoral, donde la dependencia de los sistemas hídricos cordilleranos es clave para el equilibrio del ecosistema nacional. La disputa ahora se trasladará del Congreso a los tribunales, con Santa Fe como uno de los epicentros de la resistencia civil y política.
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