La justicia argentina solicitó a Interpol la detención de Ahmad Vahidi, actual funcionario del gobierno de Irán, por su presunta responsabilidad en la planificación del ataque terrorista de 1994.
El pedido de captura internacional fue impulsado por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, tras considerar que existen pruebas suficientes para vincular a Vahidi con el atentado contra la mutual judía en Buenos Aires. La medida busca que el acusado sea extraditado y juzgado en el país por la muerte de 85 personas.
Ahmad Vahidi, quien se desempeñó como ministro del Interior y ocupó cargos de relevancia en la Fuerza Quds —brazo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán—, es señalado como uno de los estrategas detrás de la logística del ataque.
Antecedentes y la conexión internacional
La causa AMIA atraviesa una etapa de renovado impulso judicial luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara, en fallos recientes, que el atentado fue un crimen de lesa humanidad. Este encuadre jurídico permite que la persecución penal no prescriba, facilitando las órdenes de detención contra ciudadanos extranjeros involucrados.
Vahidi ya integraba la lista de sospechosos con alertas rojas de Interpol, pero esta nueva orden refuerza el pedido de localización y detención inmediata ante cualquier desplazamiento fuera de territorio iraní. La justicia argentina sostiene que el jerarca formó parte de las reuniones donde se tomó la decisión política de atacar el edificio de la calle Pasteur.
El impacto en la relación diplomática
Este movimiento judicial tensa nuevamente los vínculos entre Buenos Aires y Teherán. Irán ha rechazado históricamente las acusaciones y se ha negado a entregar a los funcionarios requeridos por la justicia argentina, argumentando que el proceso carece de legitimidad internacional.
"La decisión de avanzar contra los responsables intelectuales es un paso necesario para romper la impunidad que rodea al caso desde hace tres décadas", señalaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación.
La medida ocurre en un contexto de alineamiento del gobierno argentino con las investigaciones que señalan a la estructura estatal de Irán y a la organización Hezbollah como los ejecutores del mayor ataque terrorista sufrido en suelo nacional.
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