Once efectivos del Escuadrón 46 de Arroyo Seco fueron acusados de conformar una asociación ilícita para desviar y comercializar cargamentos de contrabando incautados en el peaje de General Lagos.
La Justicia Federal de Rosario formalizó este lunes la imputación contra once integrantes de la Gendarmería Nacional, acusados de montar una estructura delictiva dedicada a la apropiación y posterior venta de hojas de coca que debían ser secuestradas en operativos de control. Según la investigación liderada por el Ministerio Público Fiscal, los uniformados desviaron más de una tonelada de mercadería entre enero y mayo del año pasado, operando desde su base en la sección de Seguridad Vial ubicada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires.
La audiencia, presidida por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, expuso una trama de corrupción interna que involucra a personal del Escuadrón 46 de Arroyo Seco. Los fiscales Franco Benetti y Matías Mené, de las unidades de Investigación de Casos Complejos y Narcocriminalidad, presentaron evidencias que señalan a los agentes como coautores de asociación ilícita, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando.
El modus operandi en el peaje de General Lagos
La investigación judicial detalla que los efectivos aprovechaban su posición estratégica en el peaje de General Lagos para interceptar vehículos que transportaban hojas de coca en estado natural, un producto cuyo ingreso al país de forma masiva está prohibido por la normativa vigente. En lugar de labrar las actas correspondientes y remitir lo incautado a los depósitos judiciales o de la Aduana, los gendarmes se quedaban con parte o la totalidad de los cargamentos.
La estructura de la banda interna era piramidal. Mientras un grupo de agentes realizaba el "trabajo de campo" en la ruta, otro sector se encargaba de la logística de acopio. Posteriormente, la mercadería era entregada a un eslabón específico de la fuerza que funcionaba como nexo comercial. Este gendarme era el encargado de contactar a compradores externos y colocar la mercadería en el mercado ilegal.
De acuerdo con las pericias, se les atribuyen al menos doce hechos delictivos concretos ocurridos en el primer semestre de 2025. El volumen de lo sustraído asciende a 1.144 kilogramos de hojas de coca, una cifra que pone de manifiesto la escala industrial que había alcanzado la organización.
Evidencias y operativos clave
El quiebre definitivo de la organización se produjo tras un operativo realizado el 5 de mayo de 2025. En ese procedimiento, se interceptó a uno de los gendarmes sospechosos en posesión de 180 kilos de hojas de coca que no habían sido declarados en ningún acta oficial. Este hallazgo permitió a los fiscales reconstruir la trazabilidad delictiva y conectar los movimientos de las guardias con la desaparición de los bultos.
Además de los once uniformados, la Justicia imputó a una mujer civil, acusada de ser una de las principales compradoras de la mercadería robada por los agentes. Para los investigadores, esta conexión externa era vital para "limpiar" el stock y convertir el producto del contrabando en dinero en efectivo de manera inmediata.
"La maniobra no solo implicaba el robo de la mercadería, sino también la omisión deliberada de sus deberes como funcionarios públicos, al no denunciar los delitos de contrabando que detectaban en el ejercicio de sus funciones", señalaron fuentes judiciales ligadas al caso.
Consecuencias institucionales y medidas judiciales
El impacto del caso dentro de la Gendarmería Nacional es significativo. Los fiscales solicitaron medidas cautelares y embargos preventivos sobre los bienes de los sospechosos, argumentando la gravedad institucional de que quienes deben combatir el tráfico ilícito utilicen la estructura del Estado para lucrar con él.
La causa se asienta sobre tres pilares jurídicos que complican la situación procesal de los detenidos:
Asociación ilícita: Por la organización previa y la permanencia en el tiempo para cometer delitos.
Cohecho pasivo: Ante la sospecha del cobro de dádivas para permitir el paso de ciertos cargamentos o para beneficiar a terceros.
Incumplimiento de deberes: Por la falta de notificación a las autoridades judiciales sobre los secuestros reales de mercadería.
El avance de este proceso pone bajo la lupa los mecanismos de control interno dentro del Escuadrón Arroyo Seco. La fiscalía no descarta que la red pueda tener ramificaciones hacia niveles jerárquicos superiores o que existan más civiles involucrados en la cadena de comercialización en la región sur de Santa Fe. Por el momento, los once gendarmes permanecen sujetos a las restricciones dictadas por el juez Rodrigues Da Cruz mientras continúa la etapa de recolección de pruebas y peritajes telefónicos.
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