El Gobierno provincial oficializó un protocolo para intimar a padres o responsables legales por los gastos derivados de falsas denuncias. La medida busca frenar la ola de intimidaciones y garantizar el resarcimiento al Estado.
En un intento por cortar la secuencia de amenazas que afecta el normal dictado de clases en la provincia, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe puso en marcha una medida económica sin precedentes. A través de la resolución 1.201/26, el Poder Ejecutivo estableció un mecanismo administrativo para que los autores de las intimidaciones, o sus responsables legales en caso de ser menores, deban pagar de su bolsillo el despliegue policial y judicial que generan.
La normativa surge como respuesta a un fenómeno creciente: la proliferación de llamados al 911 alertando sobre presuntos ataques a tiros o artefactos explosivos en instituciones educativas. Estos hechos no solo provocan angustia en la comunidad escolar, sino que obligan al Estado a movilizar patrulleros, brigadas de explosivos y personal de fiscalía, recursos que son desviados de otras áreas críticas de la seguridad pública.
El protocolo de recupero: cómo se calcularán los costos
El nuevo protocolo de "recupero y resarcimiento" define una hoja de ruta estricta desde que ingresa la alerta al sistema de emergencias hasta la identificación de los responsables por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo es garantizar la trazabilidad de cada peso invertido por el Estado en operativos que resultan ser falsos o malintencionados.
Una vez que la Justicia identifica al titular de la línea telefónica o al autor material del hecho, el Estado provincial iniciará un proceso de intimación. Si el responsable es un estudiante, la carga económica recaerá sobre sus padres o tutores legales. El cálculo del monto a cobrar incluirá el combustible de las unidades móviles, las horas hombre del personal policial afectado y los daños materiales que pudieran ocasionarse durante los procedimientos de urgencia.
Este mecanismo busca dotar al sistema de una "previsibilidad y eficacia" que hasta ahora no existía. Según fuentes oficiales, la intención no es solo recaudatoria, sino fundamentalmente disuasoria: que el costo de "una broma" o un acto de amedrentamiento sea lo suficientemente alto como para desalentar la conducta.
[ESPACIO PARA IMAGEN: Operativo de la brigada de explosivos frente a una escuela de Rosario]
Contexto de violencia y el impacto en la comunidad educativa
La situación en Santa Fe ha escalado a niveles críticos en el último tiempo. No solo se trata de llamadas anónimas; las escuelas también han sido blanco de la colocación de banderas con mensajes mafiosos y el hallazgo de proyectiles en sus instalaciones. Solo en un día de esta semana, tras realizarse una serie de detenciones vinculadas a estos delitos, la provincia registró un pico de 84 falsas amenazas en diferentes establecimientos.
El impacto social de estas maniobras es profundo. Cada amenaza implica la evacuación de cientos de niños, la interrupción de la jornada laboral de los padres y un estado de alerta permanente que daña la salud mental de docentes y alumnos. "No podemos permitir que el sistema de seguridad sea rehén de conductas irresponsables que paralizan la educación", señalaron desde el Ministerio.
Antecedentes y consecuencias legales para los acusados
La resolución ministerial se suma a las causas penales que ya tramita el MPA. Los acusados no solo enfrentarán el reclamo civil y administrativo por los gastos del operativo, sino que también pueden ser procesados por delitos de intimidación pública, los cuales prevén penas de prisión efectiva dependiendo de la gravedad y los antecedentes del autor.
Con esta decisión, el Ejecutivo santafesino endurece su postura frente a los delitos que afectan los espacios de socialización juvenil. El éxito de la medida dependerá de la celeridad con la que se logre identificar a los infractores y la firmeza en la ejecución de las multas, en un territorio donde la seguridad en las escuelas se ha vuelto una prioridad absoluta de la agenda política.
[ESPACIO PARA IMAGEN: Fachada de una escuela primaria con presencia policial preventiva]
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