El juez federal Daniel Rafecas convalidó lo actuado en la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yáñez. El expresidente enfrentará cargos por lesiones leves, graves y amenazas coactivas.La situación judicial del expresidente Alberto Fernández se agravó este martes tras un revés decisivo en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas rechazó de manera formal el pedido de nulidad interpuesto por la defensa del exmandatario, una medida que buscaba invalidar todo lo actuado hasta el momento en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez. Con esta resolución, el proceso entra en su etapa de definiciones y la elevación a juicio oral parece inminente.
El magistrado consideró que no existen argumentos válidos para retrotraer el expediente, ratificando la legalidad de las pruebas recolectadas y las medidas tomadas durante la instrucción. La decisión de Rafecas despeja el camino para que el fiscal Ramiro González solicite formalmente el cierre de la investigación y el pase a un tribunal oral, donde el otrora jefe de Estado deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
Los argumentos de la defensa y la respuesta del tribunal
La estrategia legal de Fernández, dirigida por la abogada Silvina Carreiro, se centraba en cuestionar la imparcialidad del juez Julián Ercolini, quien fue el encargado de dar inicio al trámite judicial. La defensa argumentó que existía una "animadversión" manifiesta por parte de Ercolini hacia el expresidente, lo que, según su visión, viciaba de nulidad técnica todas las decisiones adoptadas bajo su órbita antes de que el magistrado se apartara del caso.
Sin embargo, el juez Rafecas sostuvo en su fallo que el alejamiento de Ercolini de la causa no implica necesariamente la invalidez de las medidas ya ejecutadas. El tribunal entendió que las actuaciones se ajustaron a derecho y que el pedido de la defensa carecía de sustento jurídico suficiente para anular un proceso que ya cuenta con un volumen probatorio considerable, incluyendo testimonios, pericias tecnológicas y registros médicos.
Cargos, agravantes y el período de los hechos
Alberto Fernández enfrenta una acusación multifacética que abarca distintos grados de violencia. El fiscal Ramiro González le imputa dos hechos de lesiones leves y un tercer episodio caratulado como lesiones graves. La investigación sostiene que estos ataques no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica sistemática que se extendió por casi una década.
De acuerdo con el texto de la causa, los hechos habrían ocurrido entre los años 2016 y 2024, abarcando el periodo previo, durante y posterior a su mandato presidencial. El expediente detalla que Yáñez sufrió daños tanto en su salud física como psicológica. Los investigadores han puesto especial énfasis en dos agravantes que complican severamente la postura del exmandatario:
Vínculo de pareja: La relación preexistente potencia la escala penal de los delitos de lesiones.
Asimetría de poder: Se considera que los hechos se produjeron en un contexto donde Fernández ostentaba la máxima autoridad jerárquica del país, sumado a presuntas amenazas coactivas para evitar que la víctima denunciara.
Hacia el banquillo de los acusados
La confirmación de la validez del proceso sitúa al expresidente en un escenario de extrema vulnerabilidad jurídica. Una vez que el fiscal presente el requerimiento de elevación a juicio, será un Tribunal Oral Federal el encargado de determinar la culpabilidad o inocencia de Fernández. Este proceso marcaría un hito histórico, al ser la primera vez en la historia argentina que un expresidente es juzgado por delitos de violencia de género cometidos, en parte, durante el ejercicio de su función.
El impacto de la causa trascendió las fronteras de lo judicial para instalarse en el centro de la agenda política nacional. La denuncia de Fabiola Yáñez, que incluye registros fotográficos y chats que se filtraron meses atrás, ha sido el eje de una investigación que ahora busca determinar si el poder del Estado fue utilizado para silenciar a la entonces primera dama. Con el rechazo de la nulidad, el tiempo de los planteos técnicos parece haberse agotado, dando paso a la instancia donde se ventilarán las pruebas en debate público.
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