El tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados sumó un nuevo capítulo. Durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, se acordó la realización de dos jornadas de audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo. La decisión, impulsada por la oposición, obliga al oficialismo a postergar la firma del dictamen hasta, al menos, el mes de abril.
Un freno al calendario legislativo
La medida responde a la necesidad de escuchar a especialistas y actores involucrados en el debate antes de que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, avance hacia el recinto. Con el calendario de feriados de finales de marzo de por medio, los tiempos legislativos se estiran, alejando la posibilidad de una aprobación inmediata y permitiendo un mayor análisis de las reformas propuestas a la Ley 26.639.
Las audiencias tendrán una modalidad mixta, presencial y virtual, para garantizar una participación federal y abierta. El objetivo declarado es permitir que las distintas posturas —tanto desde el sector ambientalista como del productivo y minero— expongan sus argumentos sobre los cambios en los criterios de protección de las zonas periglaciares y el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Los ejes de la controversia
El proyecto en discusión busca modificar aspectos centrales de la normativa actual, lo que ha generado una fuerte división política. Mientras sectores del oficialismo argumentan que los cambios son necesarios para destrabar inversiones productivas y dotar de mayor precisión técnica al inventario de glaciares, diversas organizaciones ambientales advierten sobre un posible retroceso en la protección de estos ecosistemas críticos.
La instancia de audiencia pública es, además, un requisito de participación ciudadana exigido por normativas de impacto ambiental. Al formalizar estas dos jornadas, los legisladores buscan transparentar las modificaciones que impactarán directamente sobre el manejo de los recursos hídricos en zonas de alta montaña y el desarrollo de actividades industriales en regiones protegidas.
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