La crisis en el área de discapacidad en Rosario alcanzó un punto crítico. Instituciones, profesionales y familias se encuentran movilizados ante lo que definen como una "agonía del sistema", caracterizada por una falta de actualización arancelaria que no logra seguir el ritmo de la inflación y recurrentes atrasos en los pagos por parte de las obras sociales y el Estado.
Ante este escenario, el sector exige medidas urgentes para evitar el cierre definitivo de centros de atención y talleres protegidos. La situación, que se arrastra desde hace meses, mantiene en vilo a miles de familias que ven cómo la interrupción de las prestaciones pone en riesgo la calidad de vida y la salud de las personas con discapacidad.
Una crisis financiera que ahoga al sector
El problema central radica en un desfasaje económico que las instituciones ya no pueden absorber. Los aranceles que reciben por los servicios prestados han quedado pulverizados por el aumento de los costos operativos, los salarios y el mantenimiento de los espacios físicos. “La discapacidad vive un estado de abandono, al igual que otros sectores sociales. Por eso decimos que este es un asunto de todos”, señalan desde las organizaciones que impulsan los reclamos en la ciudad.
El reclamo no es solo económico, sino también estructural. Los prestadores denuncian que los plazos de pago de las obras sociales y prepagas se extienden de manera excesiva, generando una cadena de deuda que hace insostenible la continuidad de las terapias y el transporte especializado. Para muchas familias, esto se traduce en una reducción de las horas de atención o en la imposibilidad de acceder a tratamientos básicos.
El impacto en la vida diaria de las personas
Más allá de los números y la burocracia, la crisis golpea directamente en los derechos de las personas con discapacidad. Los profesionales del área advierten que el agotamiento del sistema traslada la angustia a los pacientes, quienes ven cómo sus rutinas y espacios de contención se achican o desaparecen.
“No se trata solo de dinero, sino de la interrupción de un derecho fundamental. Estamos hablando de personas que necesitan continuidad y estabilidad en sus tratamientos”, afirman los referentes del sector. La falta de una respuesta oficial que garantice el financiamiento y la adecuación de los costos ha llevado a las instituciones a declararse en estado de emergencia constante, exigiendo al Congreso y al Ejecutivo una solución definitiva.
La exigencia de una respuesta estatal
La movilización busca visibilizar una realidad que, según los organizadores, suele ser ignorada hasta que la situación se vuelve irreversible. El sector reclama la implementación efectiva de una Ley de Emergencia que contemple, entre otros puntos, la regularización de los pagos atrasados y un esquema de actualización de aranceles que permita la supervivencia de los servicios.
La advertencia es clara: sin una intervención que alivie la carga financiera sobre los centros y profesionales, la atención podría colapsar definitivamente en el corto plazo. Mientras tanto, el sector mantiene el pie en la calle, insistiendo en que el acceso a la salud y al bienestar de las personas con discapacidad no puede ser la variable de ajuste en ninguna política económica.
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