La Universidad Nacional de Rosario (UNR) expresó su firme rechazo a las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares, argumentando que los cambios ponen en riesgo reservas estratégicas de agua dulce. En el marco de un debate nacional, la institución académica se sumó a las voces de asambleas ambientales que denuncian presiones de sectores extractivos sobre el patrimonio natural.
El posicionamiento de la UNR frente al avance minero
A través de un comunicado oficial, el Consejo Superior de la UNR manifestó su preocupación por el proyecto que busca habilitar actividades productivas en zonas periglaciares. La universidad destacó que estos ecosistemas son reguladores hídricos fundamentales para el país y que cualquier flexibilización normativa compromete la seguridad ambiental de las futuras generaciones.
La postura académica subraya que la ley vigente es un estándar de protección mínimo que no debería ser perforado. “La protección de los glaciares y del ambiente periglaciar es innegociable, ya que representan la mayor reserva de agua dulce con la que cuenta nuestra región y el país”, sostuvieron desde la institución.
Denuncias por conflictos de intereses en el Congreso
En paralelo, durante las recientes audiencias públicas, representantes de organizaciones socioambientales lanzaron fuertes acusaciones contra legisladores nacionales. Los activistas aseguran que existe una relación directa entre ciertos bloques políticos y empresas mineras transnacionales que se verían beneficiadas con la nueva redacción de la ley.
“No pueden entregar el agua porque es para siempre”, dijo Viale. (Agencia NA)
Polémica por la participación y denuncias de cohecho
El abogado ambientalista Enrique Viale fue uno de los oradores más punzantes durante el plenario de comisiones. El letrado calificó el encuentro como "la audiencia pública más loca del mundo", denunciando que el oficialismo limitó la palabra a apenas un puñado de expositores, dejando afuera a más de 100 mil personas inscriptas.
Viale anunció que presentará una denuncia penal contra la senadora salteña Flavia Royón por presunto conflicto de intereses e incompatibilidad en la función pública. Según el abogado, la legisladora votó a favor de la reforma mientras posee una consultora que asesora a la empresa minera Río Tinto, lo que podría configurar el delito de cohecho.
Tensión en el Congreso y críticas al formato del debate
La audiencia, conducida por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, se desarrolló en el Anexo C entre gritos de “fuera la minería” y reclamos por la fuerte presencia de seguridad. La ex diputada Marta Maffei, autora de la ley vigente, también se sumó al rechazo calificando el proceso como una “aberración disfrazada de audiencia” por el recorte en los tiempos de exposición.
“No le pedimos que se deslomen, pero trabajen un poco, vayan a las provincias y escuchen a la gente”, reclamó Viale con ironía, apuntando contra la metodología de La Libertad Avanza. El abogado sostuvo que el cambio normativo permitiría a las provincias eliminar glaciares del inventario nacional para habilitar la explotación minera en zonas hoy protegidas.
El impacto ambiental y el futuro de las reservas de agua
El eje central del conflicto radica en que la nueva normativa propuesta es considerada "regresiva" por los especialistas. De aprobarse, se facilitaría la intervención en áreas periglaciares, lo que pondría en riesgo las principales reservas de agua dulce del país. “No pueden entregar el agua porque es para siempre; la Ley de Glaciares no se toca”, sentenció Viale al cierre de su discurso.
Por su parte, la defensa del proyecto quedó prácticamente en soledad bajo la figura del ministro de Producción de San Juan, quien respaldó la iniciativa sancionada originalmente en el Senado. Mientras tanto, las organizaciones ambientales prometen judicializar cada instancia del proceso para evitar que la reforma avance en el recinto de la Cámara Baja.



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