El Gobierno quiere eliminar las restricciones que limitan la compra de tierras por parte de extranjeros.
El Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso un paquete de reformas que busca liberalizar el mercado inmobiliario rural y modificar las restricciones ambientales vigentes. El proyecto central apunta a la derogación de la Ley de Tierras y a cambios profundos en la Ley de Manejo del Fuego para incentivar inversiones.
El fin de los límites a la extranjerización de tierras
La iniciativa oficial propone eliminar la Ley 26.737, que actualmente limita al 15% la superficie de tierras que pueden estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. Esta normativa, vigente desde 2011, establece además un tope de 1.000 hectáreas por titular en la denominada "zona núcleo".
Según los fundamentos del proyecto, estas restricciones actúan como una barrera para la llegada de capitales internacionales. El Gobierno sostiene que el libre mercado de tierras permitirá una mayor capitalización del sector agropecuario y forestal, eliminando lo que consideran trabas burocráticas que no protegen la soberanía.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego y uso del suelo
Otro de los puntos centrales de la reforma es la modificación de la Ley 22.448 de Manejo del Fuego. Actualmente, la legislación prohíbe cambiar el uso de suelo en zonas incendiadas por períodos de entre 30 y 60 años, con el fin de evitar quemas intencionales para desarrollos inmobiliarios o agropecuarios.
Las partidas presupuestarias para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego se encuentran entre las más bajas de los últimos 10 años.
La propuesta oficial busca reducir drásticamente estos plazos o eliminarlos en casos donde se demuestre que el fuego fue accidental. "Es necesario devolverle la seguridad jurídica a los propietarios que se ven castigados doblemente: por el incendio y por la imposibilidad de producir", señalaron fuentes oficiales cercanas al proyecto.
Impacto productivo y debate ambiental
El sector productivo ha recibido con expectativa estas medidas, argumentando que facilitarán el acceso a créditos internacionales con garantía hipotecaria. Sin embargo, diversos sectores ambientales y de la oposición ya manifestaron su preocupación por el posible impacto en la conservación de ecosistemas sensibles.
El debate legislativo se anticipa intenso, ya que la modificación de estas leyes toca fibras sensibles relacionadas con los recursos naturales y la soberanía territorial. De aprobarse, el escenario inmobiliario rural argentino experimentaría su transformación más profunda en las últimas dos décadas, abriendo la puerta a grandes fondos de inversión globales.
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