En un avance clave de la investigación judicial, se llevó a cabo este miércoles un operativo en el Aeropuerto Internacional de San Fernando. El objetivo fue recabar documentación sobre el vuelo privado que trasladó al vocero presidencial, Manuel Adorni, a Uruguay a fines del año pasado.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo tras una denuncia que pone bajo la lupa el financiamiento y la logística del viaje. La Justicia busca determinar quién costeó el traslado y si existieron irregularidades en la contratación de la aeronave.
Detalles del operativo y la documentación requerida
El procedimiento se centró en las oficinas de la empresa de aviación privada encargada del servicio. Los efectivos recolectaron registros de vuelo, manifiestos de pasajeros y facturas vinculadas a la operación realizada en diciembre de 2024.
“El objetivo es determinar la trazabilidad del pago y confirmar si el servicio fue abonado con fondos públicos, privados o si se trató de una atención de la firma”, señalaron fuentes judiciales cercanas al expediente.
La causa se inició a partir de una presentación que cuestiona la transparencia del traslado. La investigación intenta establecer si hubo un posible conflicto de intereses o malversación de fondos públicos en el marco de la función que desempeña el vocero.
El contexto del viaje y la respuesta oficial
El vuelo de Adorni a Uruguay ocurrió en el contexto de un evento privado al que asistió el funcionario. Desde el entorno del vocero presidencial han sostenido en diversas oportunidades que el viaje no representó un gasto para el Estado nacional.
A pesar de las explicaciones informales, la Justicia busca pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. La documentación secuestrada en San Fernando será analizada en los próximos días por peritos contables de la Policía Federal.
Consecuencias y próximos pasos de la causa
El juez Lijo espera el procesamiento de los datos obtenidos para citar, eventualmente, a los responsables de la compañía aérea. La investigación también apunta a corroborar si el uso de vuelos privados es una práctica recurrente en traslados personales de funcionarios de alto rango.
Este operativo marca un punto de inflexión en la causa, que ha generado un fuerte impacto en el arco político. El resultado de las pericias determinará si la denuncia original tiene sustento suficiente para avanzar hacia declaraciones indagatorias.
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