La crisis en el sector de la discapacidad en la provincia de Santa Fe alcanzó un punto de no retorno. En los últimos meses, al menos diez instituciones terapéuticas debieron cerrar sus puertas ante la imposibilidad de sostener sus costos operativos. El fenómeno, que afecta directamente a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, es el resultado de un combo crítico: aranceles desactualizados frente a la inflación y una cadena de pagos que presenta demoras de hasta 90 días.
Desde las cámaras que nuclean a estos centros advierten que la situación es terminal. No se trata solo de empresas en riesgo, sino de espacios que brindan rehabilitación, centros de día y servicios educativos terapéuticos que son fundamentales para la autonomía de los pacientes. El cierre de estas entidades deja a cientos de familias a la deriva, buscando cupos en un sistema que ya se encuentra saturado.
El desfinanciamiento de las prestaciones básicas
El eje del conflicto reside en la brecha entre el costo de vida y lo que las obras sociales y prepagas abonan por los servicios. Según referentes del sector, los aumentos otorgados por el Gobierno nacional a través del Nomenclador de Prestaciones Básicas quedaron muy por debajo de la escalada de precios en insumos, servicios y salarios. “Estamos trabajando a pérdida y las reservas se agotaron”, señalan desde las instituciones afectadas.
A esto se suma la burocracia en el cobro. En un contexto de alta inflación, cobrar un servicio tres meses después de haberlo prestado implica una licuación del ingreso que impide cumplir con las obligaciones básicas, como el pago de sueldos o cargas sociales. Esta asfixia financiera obligó a muchas instituciones de trayectoria en Rosario y la región a bajar sus persianas definitivamente.
Un impacto directo en las familias y el empleo
El cierre de una institución terapéutica no es un trámite administrativo más; representa la ruptura de un proceso de salud vital. Las familias de personas con discapacidad enfrentan hoy la angustia de perder a los profesionales de confianza y la continuidad de tratamientos que, en muchos casos, no pueden interrumpirse sin generar retrocesos graves en la salud del paciente.
Además del impacto sanitario, la crisis golpea al mercado laboral especializado. Psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos y acompañantes terapéuticos ven peligrar sus puestos de trabajo o se ven obligados a trabajar en condiciones de absoluta precariedad. “Sin actualización arancelaria, el sistema de discapacidad en Argentina se encamina a un colapso sistémico”, aseguran los especialistas, quienes exigen una respuesta urgente de los organismos de salud nacionales y provinciales.
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