En una sesión marcada por la tensión y el debate sobre la seguridad ciudadana, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. El punto más polémico de la iniciativa es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una medida que el oficialismo considera "histórica" para combatir el delito complejo y la impunidad en menores.
Un consenso mayoritario en el recinto
La iniciativa, impulsada originalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin que se registraran abstenciones. El bloque de La Libertad Avanza logró articular el apoyo del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID e Innovación Federal. Por su parte, el peronismo de Unión por la Patria y la Izquierda mantuvieron un rechazo casi orgánico, aunque con fisuras internas.
La jornada legislativa comenzó con un fuerte componente político tras la jura de Juan Schiaretti, quien se incorporó al bloque de Provincias Unidas. Inmediatamente después, el debate se centró en la necesidad de actualizar un régimen que data de décadas atrás. "No queremos amontonar menores privados de la libertad, sino construir un sistema que apunte a la resocialización", enfatizó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal.
Penas proporcionales y medidas alternativas
El nuevo marco legal no se limita únicamente a la baja de la edad. El proyecto estipula un escalonamiento de sanciones según la gravedad del hecho cometido. Para delitos con penas de entre 3 y 10 años, los magistrados podrán aplicar medidas no privativas de la libertad, priorizando un enfoque educativo y social, excepto en casos donde medie la muerte de la víctima.
"El Estado tiene que tener la facultad de actuar ante una muerte tremenda"
Asimismo, el texto aprobado prohíbe explícitamente que los menores compartan lugares de detención con adultos y elimina la posibilidad de prisión perpetua, fijando un tope máximo de 15 años de cárcel. Para garantizar la puesta en marcha de esta estructura, el dictamen prevé una partida presupuestaria de más de 23 mil millones de pesos destinados a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia.
El impacto de los casos reales y el "Legado de Jeremías"
La presencia de familiares de víctimas de inseguridad en los palcos le dio un marco de alta emotividad a la sesión. Entre ellos se encontraba Romina Monzón, madre de Jeremías, el adolescente de Santa Fe asesinado de 20 puñaladas por menores no punibles. Su caso fue uno de los catalizadores para que el Gobierno acelerara el tratamiento de la ley en sesiones extraordinarias.
"Lamentablemente estoy de luto. Asesinaron a mi hijo y dos de los tres menores están en libertad. Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando", declaró Monzón. Aunque la ley no tendrá efectos retroactivos sobre los asesinos de su hijo, su testimonio fue utilizado por los legisladores oficialistas para argumentar que la impunidad actual alimenta el ciclo de violencia.
Cruces por la "criminalización" y el marketing político
Desde la oposición, las críticas fueron tajantes. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció que la baja de imputabilidad responde a una "campaña de marketing" de la gestión actual. "Se aleja de la responsabilidad de sacar adelante este país; el problema no se soluciona con consignas ni cambiando la edad como en un juego de póker", sentenció la legisladora, cuyo bloque proponía mantener el límite en los 16 años.
Por otro lado, la diputada Myriam Bregman advirtió sobre el sesgo social de la medida: "La criminalización efectiva siempre cae sobre los hijos de la clase trabajadora". Sin embargo, estas posturas no lograron frenar el avance de la norma, que ahora se traslada al Senado para su sanción definitiva.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.