Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron formalmente al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de 141 inmuebles vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez. La medida incluye el departamento ubicado en el barrio de Constitución donde la exmandataria se encuentra cumpliendo su régimen de prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
Los detalles del pedido de decomiso masivo
El planteo del Ministerio Público Fiscal responde a que los condenados no han abonado los montos fijados por la Justicia tras la sentencia firme por defraudación a la administración pública. El pedido abarca una nómina de bienes que asciende ahora a un total de 252 propiedades, sumando las solicitudes previas, con el objetivo de recuperar los activos sustraídos del Estado.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y US$992.134 de una caja de ahorro”, detallaron los fiscales en el documento. Según Luciani y Mola, la deuda que deben afrontar los condenados escala a los $684.990.350.139,86, una cifra que hasta el momento no ha registrado depósitos.
El departamento de San José y propiedades de lujo
Entre los activos señalados destaca el inmueble de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta propiedad, adquirida por la sociedad Los Sauces SA en 2015, es el lugar de residencia actual de Cristina Kirchner bajo el beneficio de la domiciliaria. Los fiscales argumentaron que los imputados mantienen una postura de dilación frente a la justicia.
“Las personas condenadas todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, remarcaron. Además del departamento porteño, el pedido incluye el hotel La Aldea en El Chaltén, tres propiedades en el exclusivo barrio Ayres de Pilar y cinco residencias en la localidad balnearia de Pinamar.
Críticas a la "opulencia irrazonable" de los condenados
En un pasaje de alta tensión política y judicial, los fiscales cuestionaron la solvencia económica de los involucrados frente a su resistencia a cumplir con la sentencia. Para los funcionarios, esta actitud representa un desafío directo a la autoridad judicial y al principio de igualdad ante la ley.
“Muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para comenzar el proceso de recupero de activos”, sentenciaron. El Ministerio Público Fiscal concluyó que es "imprescindible" activar estos mecanismos legales para desterrar la impunidad en casos de gran corrupción y asegurar que el dinero regrese a las arcas públicas.
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