La Justicia Federal ratificó el procesamiento de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) acusado de agredir a una mujer de 82 años durante una movilización de jubilados. El incidente, que generó un fuerte repudio social, culminó con la víctima sufriendo diversas lesiones en la zona del cráneo tras ser desplazada violentamente por el uniformado en el marco de un operativo de seguridad.
Uso desproporcionado de la fuerza
El tribunal a cargo de la revisión del caso determinó que el accionar del oficial no se ajustó a los protocolos de actuación vigentes. Según el fallo, existió un 'uso desproporcionado de la fuerza física' contra una persona de avanzada edad que no representaba una amenaza para la integridad de los agentes ni para el orden público en ese momento preciso.
La resolución judicial establece que el efectivo sea procesado bajo la calificación de lesiones leves, con el agravante de ser miembro activo de una fuerza de seguridad nacional. Este componente jerárquico eleva la responsabilidad legal del implicado, dado que su función principal debe ser velar por la protección de la ciudadanía y actuar bajo criterios de razonabilidad.
Un precedente sobre la actuación en protestas
El fallo subraya la importancia de la proporcionalidad en el ejercicio del poder estatal durante manifestaciones sociales. La defensa del oficial había intentado justificar la maniobra como parte de un operativo de contención de masas, pero las pruebas fílmicas y los testimonios médicos presentados en la causa fueron determinantes para desestimar dicha postura.
Con esta confirmación, la causa avanza hacia las etapas finales de la instrucción, consolidando un precedente sobre los límites de la intervención policial ante sujetos vulnerables en contextos de protesta ciudadana.
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