El Parlamento de Venezuela postergó este jueves la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una medida clave que promete la liberación de cientos de detenidos. A pesar de las expectativas generadas en torno al Día de la Juventud, el cuerpo legislativo solo avanzó en la votación de los primeros seis artículos, dejando el resto del articulado para las próximas jornadas de debate.
Un proceso bajo la sombra del diálogo y la incertidumbre
La sesión ordinaria, que se esperaba culminara con la sanción total de la norma, se desarrolló en un clima de cautela institucional. El presidente de la Comisión Especial, Jorge Arreaza, informó que el proyecto recibió más de 2.700 aportes durante una consulta pública que involucró a diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, el ritmo parlamentario no fue suficiente para concluir el tratamiento integral del texto.
“El proceso de consulta tiene que ser una consulta profunda, ardua. No tengamos temor de hablar con todas y con todos, con quien tenga un testimonio o una propuesta”, señaló recientemente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, enfatizando que no se trata de un simple listado de nombres, sino de un marco jurídico de reconciliación.
Alcances y exclusiones de la normativa
El proyecto de ley contempla una amnistía "general y plena" para delitos políticos y conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026. Este amplio espectro temporal busca cerrar las heridas abiertas por crisis históricas como el golpe de 2002, las protestas de 2014 y 2017, y los eventos más recientes de 2024. No obstante, el oficialismo ha dejado claro que la medida tiene límites infranqueables.
La normativa excluye explícitamente a aquellas personas procesadas por crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, homicidios, tráfico de drogas y corrupción. Además, se exige que los beneficiarios reconozcan el marco legal vigente. Según palabras del diputado Nicolás Maduro Guerra: “Es importante el ritual de decir: yo vine al Estado de Derecho y reconozco que estamos bajo unas leyes e instituciones fuertes”.
Repercusiones en la sociedad y presión internacional
La postergación genera una renovada angustia en los familiares de los presos políticos, quienes se mantienen en vigilia a las afueras de centros de reclusión como El Rodeo I. Organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal, advierten sobre el riesgo de impunidad y critican que el control de la aplicación de la ley recaiga mayoritariamente en el Poder Ejecutivo.
En el plano internacional, la medida es observada con una mezcla de esperanza y escepticismo. Mientras el gobierno español y otros actores regionales celebran la iniciativa como un paso hacia la transición democrática, organismos de derechos humanos exigen transparencia total en el articulado para garantizar que la justicia no sea sacrificada en nombre de la estabilidad política.
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