A pesar del fuerte cimbronazo político que generó la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), el Gobierno nacional busca enfriar la tensión con sus aliados del PRO. Desde el entorno del presidente Javier Milei sostienen que el vínculo parlamentario entre La Libertad Avanza (LLA) y el espacio fundado por Mauricio Macri no corre peligro, calificando el conflicto como una diferencia de criterios técnicos y no como una ruptura política.
Sin irregularidades: la defensa técnica del oficialismo
Desde Balcarce 50 afirman con seguridad que los miembros de la AGN fueron elegidos bajo los procedimientos correspondientes. La nueva composición, que incluye a Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio (peronismo) y Pamela Calletti (Innovación Federal), es vista por el Gobierno como una distribución justa del poder legislativo actual.
“El vínculo con ellos está bien”, confiaron fuentes oficiales, quienes además argumentan que el PRO no cuenta con la cantidad necesaria de legisladores para reclamar una silla en el organismo de control. En el seno de LLA, algunos sectores incluso interpretan la reacción del bloque macrista como una "sobreactuación" política frente a una repartición de cargos donde quedaron relegados.
El propio Javier Milei salió a dar por cerrada la controversia en declaraciones televisivas. El Presidente descartó que la maniobra represente un quiebre en la alianza y fue tajante al asegurar que “no fue una traición a Mauricio Macri”, buscando despejar los rumores de un pacto secreto con el kirchnerismo para desplazar a sus socios principales.
La contraofensiva de Ritondo y la denuncia de "pacto secreto"
La respuesta del PRO no se hizo esperar y se trasladó directamente a los tribunales. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo para anular las designaciones, argumentando que el proceso fue "abiertamente inconstitucional". Según la denuncia, el nombramiento se realizó a las tres de la mañana, sin dictamen previo y fuera del temario de sesiones extraordinarias.
“Cuando hay ruptura de la palabra, lo que se pierde es la confianza”, advirtió la legisladora Laura Alonso, reflejando el malestar de un sector del partido que se siente traicionado. El PRO sostiene que LLA negoció con el peronismo en las sombras durante el debate del Presupuesto 2026 para garantizarse una mayoría dócil en el organismo que debe auditar las cuentas públicas.
El amparo presentado por Ritondo busca que la Justicia dicte una medida cautelar que impida a los nuevos miembros “asumir o actuar en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva”. Esta jugada legal pone en pausa la normalización del ente y deja en suspenso la armonía legislativa que el oficialismo necesita para aprobar reformas estructurales.
Escenario legislativo y el futuro de la alianza
Pese a las acusaciones cruzadas, el oficialismo confía en que el PRO seguirá acompañando los proyectos clave de la administración libertaria por una cuestión de "convicciones compartidas". No obstante, la desconfianza instalada en el bloque amarillo podría complicar las negociaciones futuras en un Congreso donde cada voto cuenta.
La AGN es un botín político estratégico, ya que es el brazo técnico del Congreso encargado de controlar la gestión del Ejecutivo. Con este nuevo esquema, el oficialismo logra equilibrar fuerzas, pero a costa de abrir un frente de conflicto con su aliado más fiel, en un momento donde la estabilidad política es el activo más preciado para el mercado y la gestión de Milei.
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