El Gobierno de Javier Milei sufrió un traspié político que trascendió la simple caída de un apartado del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La decisión estratégica de incorporar a último momento el polémico Capítulo XI, que buscaba derogar la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario, dinamitó la confianza de los gobernadores aliados que habían apuntalado el proyecto tras semanas de intensas negociaciones.
El "Capítulo XI" y el quiebre de la confianza federal
La movida de la Casa Rosada, interpretada por las provincias como una "picardía legislativa", buscaba blindar el equilibrio fiscal mediante un ahorro estimado en el 0,5% del PBI. Sin embargo, la falta de aviso previo sobre temas de alta sensibilidad social provocó una reacción defensiva en los bloques provinciales.
"Introducir de golpe dos leyes muy sensibles, derogarlas o pretender derogarlas de un momento a otro, también ha llevado a que suceda esto", cuestionó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La modalidad de votación por capítulos terminó siendo un búmeran para el oficialismo: al agrupar artículos conflictivos con compensaciones necesarias, el rechazo fue total y dejó en el camino actualizaciones de la Asignación Universal por Hijo y tarifas diferenciales para zonas frías.
El mensaje coordinado de mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán, Neuquén y Catamarca fue contundente: el apoyo general al presupuesto no implicaba un cheque en blanco para maniobras de último minuto que afectaran leyes apalancadas por sus propios legisladores.
ATN y cajas previsionales: el dinero no alcanzó para el consenso
Para aceitar la votación, el Ejecutivo recurrió a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Durante diciembre, se giraron aproximadamente $66.500 millones, beneficiando principalmente a distritos como Tucumán ($20.000 millones) y Misiones ($12.000 millones). No obstante, este reparto discrecional no fue suficiente para convalidar el ajuste en educación y discapacidad.
A la tensión por el Capítulo XI se sumó la "letra chica" de las cajas previsionales. Mientras el texto oficial prevé $122.000 millones para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas, solo cuatro distritos (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Chaco) reclaman una deuda superior a los $149.000 millones. Esta inconsistencia numérica reforzó la sensación entre los gobernadores de que los acuerdos sellados en los despachos de Balcarce 50 se diluyen al llegar al recinto.
"Esa lectura explica por qué varios mandatarios ordenaron a sus diputados no acompañar el capítulo, aun cuando habían facilitado el avance del proyecto en términos generales", confiaron fuentes parlamentarias.
El Senado y la advertencia para las reformas futuras
Tras el paso por Diputados, el proyecto llegó al Senado, donde la Cámara Alta emitió dictamen respetando la versión podada por los diputados, sin reincorporar el capítulo rechazado. El oficialismo apuesta ahora a una sanción definitiva rápida en sesiones extraordinarias para evitar que se reabra una discusión que ya le costó capital político.
Sin embargo, las heridas abiertas con los aliados y el conflicto paralelo con el PRO por los cargos en la AGN marcan un escenario áspero para 2026. Los gobernadores dialoguistas han dejado claro que su respaldo futuro —necesario para reformas como la laboral— se ha encarecido. El Gobierno enfrenta ahora el desafío de reconstruir una credibilidad dañada en un tablero donde los apoyos ya no son incondicionales, sino que se negocian ley por ley.
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