La Justicia de Rosario condenó este martes a Sandra Verónica Álvarez (44), una vendedora de estupefacientes que operaba en la zona norte de la ciudad bajo el amparo de agentes de la Brigada Motorizada. A través de un juicio abreviado homologado en el Centro de Justicia Penal, la mujer aceptó una pena de 5 años de prisión efectiva y el pago de una multa de 4 millones de pesos, tras quedar demostrada su estrecha vinculación con uniformados que atacaban a sus rivales y encubrían sus actividades.
Una custodia oficial que derivó en sociedad criminal
El caso, que generó un fuerte impacto en el Ministerio de Seguridad santafesino, se remonta a julio del año pasado. Tras un ataque a balazos contra el domicilio de Álvarez en calle Castagnino al 1200, la Justicia ordenó una custodia fija en el lugar. Sin embargo, lo que debía ser una medida de protección estatal terminó convirtiéndose en el origen de una asociación ilícita entre la "transera" y los agentes destinados a vigilarla.
Según la investigación liderada por el fiscal Pablo Socca, Álvarez entabló una relación de confianza con el suboficial Jesús Soria. A partir de allí, la Brigada Motorizada comenzó a actuar como un brazo ejecutor de la mujer, utilizando la estructura policial para eliminar a la competencia y cobrar dádivas a otros delincuentes del barrio Parque Casas.
Coimas, armas y operativos "plantados"
El legajo judicial detalla maniobras de una gravedad institucional extrema. En noviembre pasado, los agentes simularon la compra de armas a un vendedor local apodado "Rana". Tras detenerlo, los policías exigieron una coima de dos millones de pesos para liberarlo, informaron el secuestro de una sola pistola —cuando eran dos— y entablaron un vínculo extorsivo con el sospechoso.
“Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data”, fue uno de los mensajes de Soria a Álvarez que ventiló la Fiscalía durante el proceso.
Otro de los hechos más crudos ocurrió en enero, cuando los policías irrumpieron en un búnker rival vinculado a Marcelo "Frentudo" Fernández. Allí, la suboficial Lucila Bellizi "plantó" nueve envoltorios de cocaína a una mujer de 72 años para justificar su arresto, mientras que otros agentes golpearon brutalmente a un comprador para obtener información. Ambas víctimas pasaron 17 días detenidas injustamente hasta que la trama salió a la luz.
El avance de la causa contra los uniformados
La resolución dictada por el juez Mariano Aliau sobre Álvarez es solo una pieza del rompecabezas. Por esta causa también se encuentran imputados seis agentes de la Brigada Motorizada, una médica policial acusada de falsear certificados de lesiones y altos mandos de la Comisaría 10ª, incluyendo a su comisario y dos subcomisarios por presunto encubrimiento.
La condena de la dealer confirma la operatividad de estas bandas mixtas en el territorio rosarino, donde la connivencia estatal permite que el narcomenudeo se sostenga mediante el uso ilegal de la fuerza pública y el armado de causas judiciales.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.