El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por la presunta amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática. La medida fue impulsada por la ministra Patricia Bullrich y radicada ante la Justicia Federal.
La acusación formal se centra en las declaraciones públicas del dirigente sindical en el contexto del debate por la inminente reforma laboral. Aguiar había expresado: "Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”.
La Interpretación del Ministerio de Seguridad
Según el escrito presentado, estas palabras fueron interpretadas como una amenaza pública y deliberada dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del Presidente de la Nación. La denuncia fue firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa del Ministerio.
El texto sostiene que, al instar a “poner en crisis” al Gobierno, Aguiar podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. La ministra Bullrich reforzó la denuncia en redes: "Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”.
Alta Tensión Política y Alcance de la Denuncia
El Ministerio remarcó la gravedad de que tales manifestaciones provengan de un representante de los trabajadores estatales. El escrito también subraya la amplia difusión que tuvieron los dichos en plataformas como X e Instagram, reforzando el carácter público e idóneo de la amenaza.
El funcionario Soto argumentó que la intención de Aguiar es "afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación" e impedir el libre ejercicio de sus facultades democráticas, como presentar un proyecto de ley ante el Congreso.
La presentación judicial abre un debate sobre los límites entre la protesta sindical y la protección del orden democrático en Argentina. El Gobierno solicita a la Justicia Federal que se inicie un sumario penal para investigar la conducta del líder de ATE y su eventual encuadre en los delitos previstos en el Código Penal.
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