El Congreso de la Nación dio un paso importante al aprobar un pedido de informes unánime sobre el escándalo del fentanilo contaminado que ha provocado, hasta el momento, al menos 97 muertes. La Comisión de Acción Social y Salud Pública, convocada con urgencia, unificó varios proyectos y elaboró un texto con 26 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo, en particular a la ANMAT, para determinar responsabilidades y analizar la composición accionaria de los laboratorios implicados.
Entre los legisladores más activos en la iniciativa se encuentran los diputados santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón. Fein, exintendenta de Rosario, subrayó la necesidad de investigar los antecedentes del laboratorio involucrado y la trazabilidad de los lotes contaminados. “Le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia han sido los correctos”, afirmó. Además, defendió el papel de los laboratorios públicos provinciales, asegurando que “certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”.
Por su parte, Paulón hizo hincapié en la gravedad de la situación: “97 muertos nos dan la dimensión del caso. Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles”. El legislador también mostró su esperanza en que el gobierno responda el pedido de informes, aunque calificó al Ejecutivo de “bastante perezoso en hacerlo”, e instó a que se cree una comisión investigadora.
El dictamen aprobado busca esclarecer cómo los lotes contaminados llegaron al mercado y determinar las responsabilidades políticas y técnicas. La diputada del Pro, Giudici, impulsora de uno de los proyectos, declaró: “Más allá de esta investigación, tenemos que contener, escuchar, presionar para que esta causa empiece a dar resultados concretos, y no negar la responsabilidad de este Congreso”.
Más muertes y avance en la investigación por el fentanilo contaminado
La justicia federal busca a los responsables por las muertes y rastrea la distribución del fármaco adulterado, mientras las víctimas se unen para pedir justicia.
La investigación por las muertes causadas por el uso de fentanilo contaminado continúa avanzando. Recientemente, fuentes judiciales confirmaron que el número de víctimas fatales ha ascendido a 96, de las cuales al menos 60 corresponden a la provincia de Santa Fe (26 de ellas en Rosario). Además, se investiga si hay más casos no registrados. La justicia ha determinado que se administraron 33.731 ampollas del medicamento contaminado a pacientes internados.
El último Boletín Epidemiológico Nacional registró 67 casos hasta la primera semana de agosto: 46 en Santa Fe, 19 en la provincia de Buenos Aires y 2 en CABA. Sin embargo, los nuevos casos confirmados en Rosario y Santa Fe capital elevan la cifra de víctimas en la provincia a más de 60.
Una fiscalía federal está investigando la actuación de la ANMAT en los últimos cinco años en relación con los laboratorios y ha ordenado una pericia por un presunto desvío para el narcotráfico. En este marco, 24 personas asociadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo tienen prohibido salir del país.
En Rosario, Carla, una de las hijas de las víctimas, inició una cruzada para agrupar a las familias afectadas. A través de la cuenta de Instagram @casofentanilorosario, logró contactar a 13 familias y está en proceso de confirmar otra decena de casos. Junto a su abogada, buscan “hacer ruido” para que se aceleren las pericias judiciales y se obtenga justicia.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también se sumó a la querella y exigió respuestas a la justicia. Tras declarar en la causa, manifestó su sorpresa por la falta de detenidos en un caso que involucra a más de 70 posibles víctimas. El municipio, al igual que el gobierno de Santa Fe, ha aportado documentación clave sobre las empresas involucradas, como HLB Pharma y el antiguo laboratorio Apolo, para demostrar una posible continuidad de los mismos actores en el sector.
Un sabotaje y más lotes bajo la lupa en el escándalo del fentanilo
La investigación judicial se profundiza con la denuncia de un robo en HLB Pharma días antes de las alertas, mientras que la ANMAT ordena el retiro de más lotes contaminados.
La causa judicial por el fentanilo contaminado está lejos de diluirse, con la investigación apuntando a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, y la droguería Alfarma. La hipótesis principal es que los lotes fueron distribuidos sin los controles de calidad necesarios, lo que generó una emergencia sanitaria.
Un punto crucial en la investigación es la denuncia de un robo y vandalización en las oficinas de HLB Pharma el 11 de mayo, apenas dos días antes de que la ANMAT emitiera un alerta por el fentanilo contaminado. En el área de Garantía de Calidad, donde se encontraba la documentación de los procedimientos de fabricación, se constató “gran desorden y roturas de equipos”. Además, desapareció la caja fuerte que contenía las copias de seguridad de las cámaras internas. Aunque la firma denunció el hecho, el caso no avanzó.
Mientras tanto, la justicia ha ordenado a la ANMAT que localice, retire y preserve dos nuevos lotes de fentanilo, el 31244 y el 31200, que se suman al lote 31202, inicialmente vinculado a las infecciones. Se sospecha que estas partidas también están contaminadas con las bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, que han causado graves enfermedades como la neumonía en los pacientes.
El gobierno de Santa Fe, por su parte, actuó de forma preventiva tras las alertas nacionales. El Ministerio de Salud provincial ordenó dejar de utilizar de inmediato el fentanilo de HLB Pharma y, días después, prohibió el uso de todos los demás productos de la empresa. Se enviaron ampollas para ser analizadas en el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y muestras de pacientes al Instituto Malbrán para confirmar la presencia de las bacterias. La provincia no ha identificado nuevos casos después de la alerta, lo que demuestra la eficacia de las medidas de control.
El fentanilo es un potente opioide sintético, 100 veces más fuerte que la morfina, utilizado en hospitales para el manejo del dolor severo. Su uso está estrictamente regulado en Argentina, lo que ha evitado una crisis de consumo como la de otros países. El escándalo comenzó en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata alertó sobre un brote de neumonía por la contaminación de una partida del fármaco con peligrosas bacterias.
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