Rosario, 9 de julio de 2025 – La crisis en el sector de la discapacidad alcanzó un punto álgido en Rosario, donde diversas organizaciones, personas con discapacidad, transportistas y familiares convocaron a una concentración para este jueves frente al Concejo Municipal. El objetivo es seguir de cerca y de manera colectiva el tratamiento del proyecto de ley de emergencia en discapacidad en el Senado de la Nación.
La convocatoria está prevista para las 11 horas en 1º de Mayo y Córdoba, donde se instalará una pantalla gigante que permitirá a los asistentes seguir minuto a minuto la sesión parlamentaria en el Congreso. La iniciativa busca generar un espacio de vigilia y reclamo, en un momento crucial para un sector que denuncia una situación límite.
La semana pasada, senadores de bloques peronistas y radicales emitieron un dictamen favorable al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta normativa, que encuentra resistencia en el oficialismo, tiene como fin principal la actualización de las prestaciones y pensiones, así como la cancelación de pagos adeudados.
Un grito de auxilio ante la precarización
La incertidumbre sobre el futuro de las prestaciones ha movilizado a diversas instituciones, incluyendo a las nucleadas en la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), transportistas, profesionales del sector, trabajadores, familiares y las propias personas con discapacidad.
Pablo Bolego, presidente de la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), enfatizó la gravedad de la situación: "Esto es una cuestión de derechos humanos y de supervivencia. Y es un intento de poner un freno a la precarización y garantizar la continuidad de las prestaciones que son vitales para la calidad de vida de las personas con discapacidad”. Bolego, además, sentenció que los senadores tienen una "responsabilidad histórica".
El referente de Atraes calificó la situación como "el grito de auxilio de miles de personas con discapacidad y sus familias, que hoy ven sus derechos más básicos seriamente amenazados”. En un crudo análisis de la situación, Bolego señaló que "durante años, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y los prestadores de servicios hemos advertido sobre la fragilidad de un sistema que, a pesar de estar amparado por leyes nacionales como la 22.431 y la 24.901, ha sido constantemente desfinanciado y desatendido. La falta de actualización de aranceles, los retrasos crónicos en los pagos a los prestadores y la ausencia de una política pública integral han llevado al sector a una situación límite".
Temor a un "golpe devastador" ante un posible veto
La preocupación se intensifica ante la posibilidad de un veto presidencial. El presidente Javier Milei anticipó su intención de vetar cualquier ley que considere perjudicial para el equilibrio fiscal. Ante este escenario, Bolego advirtió que un veto "significaría un golpe devastador para todo el sistema”.
"La vulneración de derechos ya es una realidad cotidiana: falta de transportistas para cubrir la demanda, terapias interrumpidas, falta de acceso a medicamentos, centros de día al borde del cierre. Todo esto, sumado a la incertidumbre sobre el futuro, genera una angustia inmensa en las familias”, agregó el titular de Atraes.
Desde diciembre de 2024, los aranceles que el Estado abona a los prestadores de servicios para personas con discapacidad se encuentran congelados, acumulando un desfase del 73% respecto a la inflación. Esta brecha, considerada insostenible por el sector, impacta directamente en miles de personas que dependen de terapias, transporte, educación y atención diaria.
Demandas locales y el alcance del proyecto de emergencia
"La posible ruptura del sistema único de prestaciones básicas es el escenario más temido. Si no se garantiza la sostenibilidad de estas fuentes y se permite que la crisis se profundice, corremos el riesgo de desmantelar años de avances y de dejar a miles de personas sin la cobertura y el apoyo que necesitan para vivir con dignidad”, puntualizó Bolego.
Por su parte, Mariel Chapero, presidenta de Apridis, destacó que la concentración de este jueves también busca respuestas por parte de los gobiernos municipal y provincial. “Se está convocando frente al Concejo Municipal para solicitar respuestas urgentes para la crisis enorme y sin precedentes que atraviesa el sector. También necesitamos que el gobierno municipal y provincial confirmen medidas de alivio para prestadoras. La urgencia es que se apruebe la ley de emergencia en discapacidad”, explicó.
El proyecto de ley de emergencia en discapacidad propone la recomposición de las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período. Además, plantea la actualización del nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El texto establece que el monto de las pensiones por discapacidad se mantenga en un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio.
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