El gobierno nacional ha dispuesto la prohibición de incluir impuestos y tasas locales en las facturas de servicios públicos esenciales, como luz y gas. Esta medida, oficializada mediante la resolución 267/2024, tiene como objetivo principal evitar lo que denominan "cobros ocultos" que engrosan el valor final del servicio y generar una mayor transparencia para los usuarios.
La disposición obliga a que las boletas reflejen exclusivamente el costo del servicio contratado, dejando prohibida la incorporación de conceptos ajenos a su naturaleza, tales como tasas de seguridad e higiene, aportes a bomberos o contribuciones para hospitales municipales.
En el caso específico de Rosario, desde el año pasado, empresas como Litoral Gas y Aguas Santafesinas SA (Assa) ya no incluyen ningún tipo de tributo municipal como agentes de percepción. Sin embargo, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) sí lo hace en las facturas de sus clientes.
Esta determinación se enmarca en una reforma más amplia del sector energético impulsada por la Nación, que contempla la desregulación del mercado eléctrico y la fusión de los organismos reguladores Ente Nacional Regulador de Energía (Enre) y Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Panorama en Rosario
A partir de los anuncios gubernamentales, desde el 7 de octubre del año pasado, y por una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargás), los 327 mil clientes rosarinos dejaron de abonar una percepción destinada al fisco municipal, que en su momento generaba un fondo de unos 120 millones anuales.
Una situación idéntica se produjo en Aguas Santafesinas también el año pasado, cuando por disposición de su entonces titular, Anahí Rodríguez (actualmente al frente de la EPE), se eliminó todo tipo de tasa municipal.
No obstante, las tasas municipales persisten en las boletas de la EPE. Los usuarios pueden observar la inclusión de una cuota de alumbrado público que, por Ley 7.797, representa el 6 por ciento del consumo básico. Adicionalmente, se mantienen vigentes e incluidas en la misma factura dos ordenanzas municipales (1.592/62 y 1.618/62) por las cuales la EPE retiene el 0,60 por ciento del básico en una y el 1,80 por ciento en la otra.
Fuentes de la EPE indicaron que la dirección de la compañía ha solicitado un informe sobre las tasas municipales que se perciben en Rosario. Se estima que lo recaudado por estos conceptos podría ascender a una suma de diez dígitos anuales.
Detalles de la Nueva Disposición
El nuevo esquema establecido por el gobierno nacional se encuentra plasmado en los decretos 450 y 452, publicados recientemente en el Boletín Oficial. Estas medidas fueron definidas antes de que venciera el plazo de la delegación de facultades otorgada por el Congreso para llevar adelante el proceso de desregulación en distintos sectores de la administración pública.
Respecto al cobro de tasas municipales en las facturas de servicios, el Poder Ejecutivo fue taxativo en el Artículo 40 del Anexo 2 del Decreto 452: “Los distintos conceptos se discriminarán en la factura al usuario, la que no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.
El gobierno persigue este objetivo desde septiembre del año pasado, cuando el Ministro de Economía emitió una resolución en este sentido que no fue acatada por los gobiernos locales e incluso fue objeto de sentencias judiciales a favor y en contra. Se intentó incluso establecer sanciones para las empresas que continuaban con el cobro, invitando a los usuarios a denunciar, con eficacia parcial.
Frente a este escenario, la desregulación del sector incluyó nuevamente esta prohibición, a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión: si el Gobierno nacional tiene la potestad de determinar qué pueden y qué no pueden incluir los municipios en las boletas de servicios públicos.
Actualmente, al estar los cargos de los servicios y las tasas municipales en una misma factura, los intendentes aseguran el financiamiento para sus estructuras políticas. En caso de una división, se correría el riesgo de que los usuarios solo abonen el consumo de luz y gas, dejando de lado los impuestos municipales, lo que podría comprometer el financiamiento local.
El gobierno busca esta separación para evitar ser percibido como responsable de aumentos, que en muchos casos considera desmedidos, y para desglosar claramente qué monto corresponde al servicio y cuál a los impuestos municipales.
Desregulación del Sector Energético
La desregulación del sector energético impulsada por el gobierno tiene como fin promover la inversión privada y una mayor competencia. Entre las medidas destacadas se encuentran la apertura total al comercio internacional de energía, permitiendo la libre exportación e importación, y la libre elección de proveedores por parte de los usuarios. A esto se suma la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados.
El proyecto ratifica la ejecución de un listado de obras prioritarias anunciadas hace un mes, destinadas a fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), incluyendo una línea de 500 kV entre Malvinas Argentinas – San Francisco (Córdoba) y Santo Tomé (Santa Fe). Se prevé la incorporación de 5.610 nuevos kilómetros de líneas, lo que demandaría una inversión privada de unos U$S 6.600 millones.
Fusión de Entes Reguladores
Por su parte, el decreto 452 unificó el Enargás y el Enre, creando el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Se estableció un plazo de 24 meses para la adecuación de la normativa que regirá al nuevo organismo.
Entre los objetivos planteados, se busca consolidar el régimen federal de energía eléctrica, "preservando la primacía de la regulación nacional sobre las disposiciones locales para no obstaculizar la libre circulación de energía", un punto que podría generar futuras controversias.
Además, el nuevo organismo deberá reformular el carácter y funcionamiento del Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y modificar la distribución del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) para una mayor eficiencia y control, manteniendo su destino específico.
Asimismo, se espera que el nuevo organismo facilite la incorporación de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Nasa), la empresa encargada de la operación de las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.
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