Rosario, 30 de julio de 2025 - La primera reunión temática de la comisión de Poder Judicial de la Convención de la Reforma de la Constitución de Santa Fe se convirtió en un escenario de intensa disputa, donde se pusieron en debate temas cruciales como la división de poderes, los sistemas de enjuiciamiento y los contrapesos republicanos. Las posiciones encontradas y los cruces conceptuales marcaron la jornada, evidenciando las profundas diferencias entre los convencionales.
El debate principal se centró en el control de los poderes, un asunto delicado que impacta directamente en la independencia del Poder Judicial. Lisandro Enrico, presidente de la comisión, representante de Unidos y ministro del gobierno provincial, defendió enérgicamente que debe ser la Legislatura la encargada de controlar a los magistrados, emulando el sistema de enjuiciamiento de fiscales que rige desde hace algunos años, y no un tribunal de enjuiciamiento compuesto mayoritariamente por miembros del propio Poder Judicial.
Enrico argumentó que la independencia judicial no implica la ausencia de controles. "Cuando hablamos de independencia del Poder Judicial no quiere decir que no haya control de poderes o se hable de privilegios. En cualquier Constitución del mundo, los poderes son independientes pero tienen controles. No hay poder intocable, excepto el del rey.", aseveró. Para el convencional, el Poder Judicial, que tiene la potestad de declarar inconstitucional una ley o paralizar una medida del Ejecutivo, también debe tener su propio contrapeso. "El Poder Judicial también tiene que tener el contrapeso", enfatizó.
Enrico insistió en que el control debe recaer en los otros poderes, especialmente en el Legislativo, debido a su diversidad y legitimación democrática cada cuatro años, algo que, según él, no ocurre en la Justicia. Disparó directamente contra los "esquemas cerrados de poder que se defienden a sí mismos", criticando el actual tribunal de enjuiciamiento, que reduce la decisión a "7 u 8 personas", lo que, a su juicio, "achica la democracia".
La exdefensora general y convencional de Más para Santa Fe, Jaquelina Balangione, se opuso a esta visión, al sostener que "la seguridad es un tema del Poder Ejecutivo, no Judicial". Balangione argumentó que el Poder Judicial actúa "posfacto, no antes", y su incidencia en la prevención es a través del efecto de las normas y sentencias.
Sin embargo, Enrico recogió el guante y replicó con vehemencia: "No puede decir que actúa después del hecho consumado, porque después la persona ya está muerta. La puerta giratoria es un problema de la Justicia, no del Ejecutivo." La socialista de Unidos, Lionella Cattalini, respaldó la postura de Enrico, afirmando que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) forma parte del diseño de la política criminal, que si bien debe ejecutar el Ejecutivo, también necesita una "cláusula de coordinación de los tres poderes" en la Constitución.
Finalmente, Enrico no ocultó la intención del gobernador Maximiliano Pullaro de tener una participación más activa en la definición de la política criminal. "Por supuesto que el Ejecutivo y los fiscales tienen que sentarse a definir cuáles delitos atacar primero, cuáles son las políticas de persecución penal.", afirmó. El presidente de la comisión adelantó una propuesta para que el gobernador pueda proponer al Fiscal General, tal como ocurre en países como Canadá, Suiza, Estados Unidos, Francia y Alemania, y que el Ejecutivo presente su propio proyecto de persecución penal del delito.
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