El Gobierno argentino anunció medidas drásticas en su política migratoria, incluyendo el cobro de servicios de salud en hospitales públicos a extranjeros no residentes y la deportación de cualquier extranjero condenado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó estas reformas, argumentando la necesidad de frenar el "abuso" de los servicios públicos y garantizar la seguridad nacional.
Adorni explicó que los inmigrantes ilegales y los residentes transitorios "deberán pagar por los servicios de salud" en hospitales públicos, y que todos los extranjeros que ingresen al país deberán presentar un seguro médico. Justificó la medida señalando el gasto de "114 mil millones" en la atención de pacientes extranjeros en solo ocho hospitales nacionales, y denunció los "tours sanitarios".
Además, el Gobierno habilitará a las universidades a cobrar a los extranjeros por sus servicios, respetando la autonomía universitaria.
En cuanto a la obtención del DNI, se endurecerán los requisitos para la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía se otorgará solo a quienes residan de manera continua durante dos años en el país. "Quienes entren o permanezcan de forma irregular, no van a ser recompensados con la ciudadanía", afirmó Adorni.
En materia de seguridad, el Gobierno, con la ministra Patricia Bullrich presente, anunció la deportación de cualquier extranjero condenado, sin importar la gravedad del delito. "Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes", declaró Adorni. "Cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado".
También se expulsará a quienes sean encontrados en flagrancia en pasos no habilitados o mientan en su información de ingreso. Se acortarán los plazos para los procesos de apelación de las expulsiones.
Adorni criticó la ley actual, describiéndola como una normativa que "invita al caos y al abuso". Señaló que actualmente, inmigrantes condenados por delitos como "abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, robo, daños agravados, resistencia a la autoridad, falsa denuncia, encubrimiento y usurpación legal de tierras" no son deportados.
A días del cierre de la campaña electoral porteña, Adorni "destacó quede los 4300 extranjeros detenidos en la ciudad, el 40% fueron por robo y hurto", subrayando la necesidad de estas reformas para combatir la delincuencia.
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