El Gobierno tiene listo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que eliminará 24 organismos, fusionará más de 15 estructuras y transformará alrededor de 16 dentro de la administración estatal. Según información obtenida por TN, la medida será oficializada en el Boletín Oficial esta semana.
El decreto fue elaborado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, con la supervisión del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal. Actualmente, el texto se encuentra en la secretaría de Legal y Técnica, encabezada por Javier Herrera Bravo, a la espera de la firma del presidente Javier Milei.
Mientras que algunos funcionarios aseguran que el decreto alcanzará a 55 organismos, otros afirman que la cifra podría llegar a 58. En un principio, la iniciativa contemplaba más de 110 estructuras, pero sufrió modificaciones en su proceso de evaluación.
Eliminación del INAI y ajustes en otras áreas
Uno de los principales cambios es la disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo que cuenta con 181 empleados y un presupuesto de $4847 millones. Algunas de sus funciones serán transferidas a la Jefatura de Gabinete, dirigida por Guillermo Francos, y se busca que el reconocimiento de comunidades originarias pase a estar en manos de las provincias.
Además, el Ejecutivo evalúa la supuresión del Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE), actualmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.
Otro ente en la mira es el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), con 37 empleados y un presupuesto de $12.143 millones. Entre las alternativas analizadas se contempla su disolución y la transferencia de parte de su estructura a Marca País. También se estudia la posibilidad de centralizar los 12 institutos que dependen de la Secretaría de Cultura, liderada por Leonardo Cifelli.
Organismos excluidos del ajuste
El recorte no afectará a las universidades, ni a dependencias del Poder Legislativo y del Poder Judicial. También quedarán fuera de la intervención entidades como CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
Por otro lado, según el artículo 52 de la Ley Bases, los empleados públicos que trabajen en organismos eliminados o modificados tendrán un año de estabilidad con goce de sueldo, período en el que el Gobierno deberá reubicarlos en nuevas funciones.
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