El Gobierno de Javier Milei dio un paso significativo en su plan de desregulación al adjudicar a once bancos la posibilidad de ofrecer el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para los empleados del sector público. Esta decisión, formalizada a través de la Decisión Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete publicada en el Boletín Oficial, rompe con el monopolio que hasta ahora ostentaba el Banco de la Nación Argentina (BNA).
Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo para evitar que las dependencias estatales estén obligadas a contratar los servicios de empresas públicas como el BNA, Nación Seguros e YPF. Los decretos 70/2023 y 747/24, impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzzeneger, sentaron las bases para esta apertura.
Además del BNA, las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional podrán trabajar con las siguientes entidades bancarias: Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle. Por otro lado, las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank fueron desestimadas.
La normativa establece que las dependencias estatales deberán elaborar los términos de referencia para la contratación de estos servicios, priorizando aquellos que ofrezcan mayores beneficios para el personal estatal, con especial atención a la conveniencia de otorgar “préstamos hipotecarios a tasas preferenciales”.
El decreto 70/2023 ya había anticipado el fin de las prerrogativas para las empresas estatales en la contratación pública. Posteriormente, el decreto 747/2024 derogó la obligatoriedad de pagar los salarios del personal estatal a través del Banco Nación y estableció la rescisión de los contratos vigentes con la entidad en un plazo de un año.
“El Decreto 747/24 firmado hoy por el presidente Milei deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, a su vez, servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados”, afirmó Sturzzeneger en agosto del año pasado.
El ministro también calificó de “nefasta” la medida impulsada por el gobierno anterior que obligaba a contratar los seguros con Nación Seguros, detallando una serie de irregularidades que actualmente son objeto de investigación judicial.
“Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un ‘broker’ para que logre una contratación que era obligatoria por ley. El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA. El Decreto 1187/12 que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado, y el Decreto 1189/12 que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos. Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, concluyó Sturzzeneger.
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