El Gobierno busca avanzar con la reforma laboral y convocará a la CGT para negociar
Con la mira puesta en el Congreso, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei se prepara para impulsar una profunda reforma laboral y convocará a la Confederación General del Trabajo (CGT) con el objetivo de negociar los términos del proyecto. Desde el Ejecutivo aseguran que la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados en los próximos meses y que existe voluntad de diálogo con los gremios: “Nuestra intención es que haya diálogo. Vamos a intentar reunir los consensos”, remarcan desde Nación.
La Casa Rosada decidió relegar momentáneamente las reformas impositiva y previsional, también contempladas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el oficialismo explican: “Sin un cambio en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de las reformas”.
El proyecto en elaboración prevé modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), con el objetivo de reducir la participación del Estado en los acuerdos entre empleadores y empleados. En Balcarce 50 no descartan que se suprima la homologación estatal de las paritarias en negociaciones entre sindicatos y empresas.
Entre los puntos principales del borrador, se destaca la posible eliminación del carácter obligatorio de la cuota solidaria sindical, lo que afectaría directamente los ingresos de los gremios. Además, se plantearía la necesidad de que los sindicatos celebren elecciones internas periódicas, con supervisión de la Justicia Electoral, y que se apliquen convenios colectivos específicos según el sector.
El oficialismo también insiste en la eliminación de los aportes no contributivos a los sindicatos y en profundizar las limitaciones al derecho a huelga, al declarar como servicios esenciales a un 50% de sectores clave como la salud, el transporte, las telecomunicaciones y la educación. Esta medida buscaría restringir el impacto de las medidas de fuerza en áreas consideradas críticas para la sociedad.
Otra propuesta del Gobierno es fomentar la mediación y el arbitraje como vías preferentes de resolución de conflictos laborales, intentando así evitar la judicialización de los reclamos.
Cabe recordar que esta reforma toma como antecedente una concesión realizada por el Ejecutivo en septiembre de 2024 a la CGT, cuando decidió no reglamentar el polémico artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y permite el despido por bloqueos o tomas. Dicha norma establece que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
En paralelo, durante 2024 el Congreso ya había aprobado otras modificaciones laborales como la eliminación de las multas por trabajo no registrado, la extensión del período de prueba a ocho meses, y la creación de un fondo de cese laboral optativo. Desde el Ejecutivo ratifican también su postura de no homologar paritarias que superen el índice inflacionario, pese a las tensiones con el sindicalismo.
Los encargados de entablar diálogo con la CGT son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quienes intentarán negociar con los líderes gremiales Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). Desde el oficialismo aseguran: “El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo”.
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