Nueva intervención judicial en Vicentin: paro total y crisis financiera en la agroexportadora

La situación de Vicentin sigue en caída libre. La Justicia resolvió intervenir nuevamente la agroexportadora por un plazo de 120 días, en respuesta a los reclamos de los sindicatos por la falta de pago de salarios y los crecientes problemas financieros de la compañía. En paralelo, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) inició un paro total en las plantas de Ricardone y San Lorenzo, y advirtió que la medida podría extenderse a nivel nacional si la Federación de Aceiteros decide sumarse al reclamo.

Este martes, el juez Fabián Lorenzini firmó la resolución que ordena la intervención judicial de Vicentin. En este marco, los veedores designados, Guillermo Nudenmberg y Andrés Schocron, retomarán su rol de supervisión, que ya habían ocupado hasta agosto pasado, cuando la administración había vuelto a manos de los directivos de la firma. La decisión judicial responde a los reclamos de los trabajadores, que denuncian problemas en la administración y una creciente falta de liquidez que afecta directamente el pago de salarios.

En este contexto, el SOEA llevó adelante una audiencia con la Secretaría de Trabajo, pero la reunión terminó sin acuerdos. La empresa no pudo precisar cuándo cancelará los sueldos de febrero, por lo que el gremio avanzó con la paralización total de actividades. Además, se analiza la posibilidad de que la Federación de Aceiteros se adhiera a la medida, lo que podría derivar en un paro nacional con consecuencias en toda la industria.

Hasta el momento, Vicentin solo abonó el 30% de los sueldos de febrero, alegando que no cuenta con los fondos suficientes para completar el 70% restante. Según fuentes de la empresa, el principal obstáculo es la falta de materia prima para procesar, lo que dificulta su operación. En este sentido, la firma busca cerrar acuerdos con nuevos proveedores para garantizar su continuidad, pero al mismo tiempo necesita adelantos de fondos para afrontar los pagos adeudados, una alternativa que parece cada vez más difícil.

El conflicto con los fasones también agrava la situación de Vicentin. La empresa enfrenta la falta de acuerdos con grandes proveedores de granos como ACA, Bunge y Viterra, que antes le suministraban materia prima a través de contratos de fasón. Estos convenios eran clave para su continuidad operativa, ya que permitían procesar granos sin necesidad de contar con stock propio. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema de Santa Fe, que anuló la homologación del acuerdo preventivo de crisis de Vicentin, complicó aún más el panorama.

La Corte falló en contra de la empresa tras una presentación del Grupo Grassi, uno de sus acreedores, que cuestionó la propuesta de pago presentada. Según el tribunal, el esquema beneficiaba a ciertos acreedores en desmedro de otros, violando el principio de igualdad en los acuerdos concursales. Además, la Corte desestimó la idea de que la única alternativa viable fuera la homologación o la quiebra, dejando abierta la posibilidad de un período de concurrencia (cramdown), en el cual otros interesados podrían presentar propuestas de salvataje.

En este contexto, empieza a tomar fuerza el rumor de que otros grupos inversores podrían presentar propuestas para quedarse con la empresa, lo que alejaría aún más a Bunge y ACA del plan original. Mientras tanto, la nueva intervención judicial podría ordenar algunos aspectos administrativos en lo inmediato, pero la continuidad de Vicentin sigue siendo una gran incógnita.