El economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, junto con un grupo de abogados y dirigentes políticos, presentó una acción de amparo colectivo para suspender la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei busca aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El reclamo, encabezado por los abogados Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Marcos Zelaya, coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías, y la ingeniera María Eva Koutsovitis, fundadora del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, exige que la Justicia declare la "nulidad absoluta e insanable y la inconstitucionalidad" del decreto, así como de todos los actos que se deriven de su aplicación.
Los demandantes argumentan que el DNU viola varios artículos de la Constitución Nacional y el principio de división de poderes, al permitir que el Ejecutivo avance sin la intervención del Congreso en un tema de endeudamiento público.
Entre los puntos centrales de la presentación, se destacan los siguientes cuestionamientos:
🔹 Auto-delegación de facultades legislativas: El DNU aprueba futuras operaciones de crédito con el FMI sin detallar el programa ni establecer límites, lo que se interpreta como una "auto-delegación de facultades legislativas" prohibida por la Constitución (artículos 4, 75 incisos 4 y 7, y 76).
🔹 Violación del artículo 76: Incluso si la delegación de facultades fuera válida, el decreto no cumple con los requisitos de tratar materias determinadas de administración o emergencia pública, ni establece un plazo definido o bases fijadas por el Congreso.
🔹 Inexistencia de "necesidad y urgencia": Según los denunciantes, "no se justifica obviar el trámite legislativo ordinario", ya que el Congreso se encuentra en sesiones. Además, argumentan que "no existe un acuerdo aún" que requiera una aprobación inmediata, lo que invalidaría la urgencia del decreto.
🔹 Riesgo de supremacía del Ejecutivo: Al auto-delegarse la capacidad de endeudar al país sin control legislativo, el decreto podría representar una vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo que pongan en peligro el patrimonio de los argentinos.
Ante estas denuncias, la medida cautelar busca que la Justicia frene la implementación del decreto y le ordene al Ejecutivo "abstenerse de firmar cualquier operación de crédito con el FMI" bajo los términos del DNU 179/2025.
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