El Gobierno acelera el envío del proyecto de Ley Anti-barras al Congreso tras los recientes incidentes. La iniciativa busca endurecer el control sobre las barrabravas, declarándolas organizaciones criminales y aplicando sanciones más severas para quienes las financien. “La ley ya está lista para salir”, aseguran fuentes oficiales.
Según pudo saber TN, la propuesta se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica, presidida por Javier Herrera Bravo, desde diciembre y fue impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El texto busca tipificar las actividades de las barras bravas como delitos de asociación ilícita e imponer penas de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo. Además, prevé sanciones de hasta seis años de prisión para los dirigentes de clubes que entreguen entradas a estos grupos.
Un golpe a los negocios ilegales en el fútbol
El proyecto también apunta a desarticular los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el manejo de estacionamientos en las inmediaciones de los estadios. Desde el Ejecutivo sostienen que uno de los principales objetivos es cortar las fuentes de financiamiento de las barras.
Además, el Gobierno busca endurecer el régimen de inhabilitación administrativa, que permite a las autoridades prohibir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos. Esta medida se enmarca en la estrategia del oficialismo para sancionar a los detenidos durante la marcha de los jubilados.
En este sentido, el Ministerio de Seguridad investiga los antecedentes de los detenidos para determinar si tienen vínculos con las barras de los clubes. “También estamos revisando las cámaras. Aproximadamente hay 70 detenidos más los aprehendidos por la Policía de la Ciudad”, informaron fuentes oficiales.
Respaldo a Bullrich y denuncias contra jueces e intendentes
Tras las críticas recibidas por la actuación de las fuerzas de seguridad en el Congreso, Bullrich recibió apoyo interno en la Casa Rosada. Desde el oficialismo defendieron su accionar al afirmar: “No nos llamó la atención la forma en la que actuó. Es justamente lo que esperábamos de ella ante una marcha política que buscó desestabilizar la gestión”.
Además, el Gobierno prepara una denuncia penal en conjunto con las autoridades de la Ciudad, donde incluirán documentación sobre supuestas concentraciones previas a la marcha en los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza, gobernados por Federico Otermín y Fernando Espinoza, respectivamente. También apuntan contra la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos tras los incidentes.
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